Repsol: el ambiente “pro inversión”, por Indira Huilca

A 200 años de nuestra independencia de España y en el primer año del gobierno elegido con la promesa de liberarnos de los abusos de los capitales extranjeros, el secretario del presidente de la República del Perú acude nada menos que a la embajada de España a reunirse con representantes de Repsol, firma responsable del derrame petrolero más grave ocurrido en nuestro litoral. El encuentro, un día antes de que el embajador se presente en palacio, lo ha explicado en un comunicado posterior la empresa, aduciendo que el objetivo fue oír “las quejas y exigencias de la administración peruana”.

El episodio no solo renueva dudas sobre la pertinencia de las decisiones del círculo más cercano al presidente; también deja en claro que las instituciones ambientales son la última rueda del coche, empezando por el Ministerio de Ambiente, cuyo titular no fue siquiera informado del encuentro. La situación refleja profundas debilidades del Estado, muchas de ellas heredadas, pero también agravadas por el desempeño del actual gobierno, que a 14 días del derrame, no da muestras de liderar la respuesta a la emergencia o siquiera de condenar con firmeza el comportamiento de Repsol, que incluye negligencia, ocultamiento de información y sobre todo desprecio por el entorno, las especies y las personas afectadas.

Estas debilidades del Estado se reflejan en un marco regulatorio de las actividades extractivas y energéticas, producto de décadas de lobbies impulsados por compañías en busca de maximizar capitales por la vía más rápida: reducir estándares ambientales y ahorrarse la inversión en capacidades y tecnología para reducir impactos en los entornos ecosociales en los que operan. Decenas de leyes, decretos y reglamentos dictados por esos lobbies son parte de varios “paquetazos” legislativos, en su momento celebrados por la prensa corporativa como victorias sobre la “permisología” y la “tramitología”, nombres despectivos que los tecnócratas usan al referirse a las pocas instancias y procedimientos que el Estado tiene para dar viabilidad socioeconómica y ambiental a la actividad extractiva en el país. Todo ello consolidado por lo que Francisco Durand llama “puerta giratoria”, ese ir y venir de gerentes del sector privado que son enviados una temporada al servicio público a fin de asegurar directivas y resoluciones ministeriales hechas a la medida de los intereses de sus verdaderos empleadores. Un ejemplo de ello es el “paquetazo” de la Ley 32230 (2014), que suspendió por tres años la capacidad fiscalizadora del OEFA.

Todo este ambiente, tramposamente llamado “pro inversión”, es el que explica la indolente conducta de Repsol antes, durante y después del derrame del 15 de enero y del subsiguiente, confirmado el día 25. Ahora se sabe que Repsol no tuvo reparo en inventar un “oleaje anómalo” ni en ocultar información acerca de la cantidad de crudo. No se podía esperar menos de una empresa que, como deberán confirmar las investigaciones, no cuenta con gerencia, personal calificado ni equipamiento técnico acorde a la magnitud de la operación de La Pampilla, la principal refinería del país. En esta ruta, la firma y sus representantes peruanos han estado más atentos al daño a su reputación que al ocasionado al ecosistema y a los medios de vida de miles de trabajadores de la pesca artesanal y de los servicios comerciales y recreativos en Ventanilla, Ancón y otras localidades del llamado norte chico, a quienes propone “tratos directos” a vista y paciencia de las autoridades. No es nada muy distinto a lo acostumbrado por firmas extranjeras como Pluspetrol, Frontera Energy o la estatal Petroperú en nuestra Amazonía. Pero sí es todo aquello que un gobierno de izquierda debe cambiar.