Antonio  Zapata

Antonio Zapata

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Historiador, especializado en historia política contemporánea. Aficionado al tenis e hincha del Muni.

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Asamblea Constituyente

“Al debate nacional le haría bien modificar el foco. Ya sabemos que el puebloeselsoberano. ElCongresotambién dice lo mismo, porque al fin y al cabo el pueblo lo elige”.

La Constitución de 1993 parece desfasada del Perú de hoy. La prolongada crisis política que hemos vivido evidencia su incapacidad para organizar el Estado. Aunque soy un lego en materia de derecho constitucional, me parece que sus principales problemas son dos: por un lado, las normas de equilibro de poderes, que al no ser claras ni nítidas nos han sumergido en el pantano de lucha entre instituciones del Estado: censuras, vacancias y disoluciones. En segundo lugar, las normas económicas que prohíben la participación del Estado salvo en forma subsidiaria. En este tema, las experiencias internacionales más exitosas se basan en una combinación entre mercado y Estado. Pero aquí hemos sido más papistas que el papa en la adhesión al neoliberalismo. Estos y otros puntos merecen una discusión exhaustiva.

Pero, en vez de precisar las propuestas de cambio, el debate se ha centrado en la forma, ¿quién puede hacer los cambios constitucionales? ¿Una asamblea constituyente o el congreso? Por ello, se recogen firmas para convocar a la AC, o para prohibir que se convoque, pero casi no se discuten ni los yerros ni las eventuales virtudes de la Constitución de 1993. No hay proyecto alternativo. Así, el debate luce gaseoso y no cala en la población. Para ganar fuerzas se requeriría precisión sobre el momento actual del Perú y sobre el tipo de Estado que se requiere.

Sin ello, no habrá caudal electoral en favor de un cambio constitucional. La pasividad tradicional colabora con quienes no quieren cambiar nada. Por ello, para transformarse requiere voluntad, que solo puede surgir del convencimiento. Esa consciencia tiene que ser sobre el futuro para el país, no sobre quién puede hacer las cosas.

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El cambio constitucional debe tener sentido. Si por un golpe de fortuna se convocara hoy a una AC, seguramente la correlación de fuerzas sería semejante al Congreso actual. Los últimos tres congresos han tenido una mayoría de derechas muy marcada y son los que han propiciado vacancias y censuras a granel. Una elección hoy reproduciría esa correlación. En ese caso, la nueva constitución podría ser peor que la anterior o quizá tan mala como ella, pero imposible que salga una versión moderna, equilibrada y constructiva, porque no se ha construido una mayoría para ese propósito.

En este debate se debe recurrir a la experiencia política nacional. Hemos tenido doce constituciones en 200 años de historia republicana. Es uno de los récords en América Latina, que además les lleva ventaja a los demás continentes. El tiempo promedio de vida de nuestras constituciones es de 16 años, lo que evidencia una alta insatisfacción histórica. Nunca la gente ha estado de acuerdo con la constitución que le había tocado y siempre se ha empeñado en cambiar las reglas de juego. ¿Por qué? Sucede que todas las constituciones han sido a favor de un lado y han dejado dispareja a la cancha.

Ahí se halla el problema. Ninguna constitución ha expresado un cambio social progresivo ni ha conferido un cauce democrático y popular al país. En el terreno de los derechos sociales e individuales, la mejor es la promulgada en 1979, pero recordando que fue elaborada por la mayoría APRA-PPC y que la izquierda se negó a firmarla. Si ninguna de las doce anteriores ha significado un cambio profundo y positivo, ¿por qué habría de serlo la constitución número trece?

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Al debate nacional le haría bien modificar el foco. Ya sabemos que el pueblo es el soberano. El Congreso también dice lo mismo, porque al fin y al cabo el pueblo lo elige. Se trata de saber para qué queremos cambiar la Constitución. Antes se hacía campaña por reforma agraria y nacionalización de los recursos naturales. Hoy necesitamos consignas de ese calibre.