Novedades electorales, por Ana Neyra

Dos acontecimientos recientes vinculados con lo electoral merecen mayor atención.

Primero: el Ministerio Público (siete fiscalías) ha archivado investigaciones sobre el supuesto fraude en las últimas elecciones. Salvo afirmaciones genéricas y peritajes poco contundentes, nunca se pudo probar. El argumento central era que de manera masiva el partido hoy en el gobierno había hecho que sus simpatizantes reemplacen a los miembros de mesa sorteados y modificado los resultados de la elección. Durante las investigaciones, los responsables de las fiscalías interrogaron a los ciudadanos involucrados que aseguraron y acreditaron con sus constancias respectivas que ejercieron funciones como miembros de mesa y que no habrían sido suplantados ni sus firmas falsificadas. En suma, que recibieron los votos, los registraron según fueron emitidos en las actas y todo ello derivó en los resultados que finalmente dieron por ganador al actual presidente de la República.

¿Por qué esto es tan importante (pese a su poca cobertura mediática y haber pasado algo desapercibido)? Porque el discurso del pretendido “fraude” ha marcado el debate político desde los días posteriores a la elección. Derivaron en cuestionamientos infundados al accionar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fue el pretendido sustento de agresiones injustificadas contra los titulares de dichos organismos. Generaron noticias falsas, que fueron desvirtuadas por creativos community managers (especialmente el de ONPE), pero que siempre minan en términos institucionales por la facilidad con que estas se difunden y perennizan. Ello sin contar con la pública renuncia de un integrante del Pleno del JNE y su accidentado reemplazo para poder concluir con el proceso (tras miles de pedidos de nulidades electorales y actas observadas pendientes). Ha sido también el argumento que muchos aún esgrimen para poner en cuestión la legitimidad del presidente y el gobierno o sustentar —expresa o implícitamente— pedidos de vacancia para removerlo del cargo, e investigaciones parlamentarias. No hay que olvidar que el Congreso tiene operando una comisión investigadora, cuyo propósito podría afectar a la institucionalidad electoral si pretenden insistir con el alegado fraude.

Por otro lado, sobre la posibilidad de consultar de manera directa a la ciudadanía si desea cambiar la Constitución vía referéndum, el Congreso había aprobado una iniciativa que lo impedía y señalaba que toda reforma constitucional requería su debate previo en el Congreso (votación en doble legislatura del Congreso, o una votación parlamentaria más referéndum), de conformidad con el artículo 206 de la Constitución. Mientas se encontraba pendiente que el Poder Ejecutivo decida si la promulgaba u observaba, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un acuerdo, por el que señala que la reforma resultaba innecesaria, adscribiéndose a la interpretación del Congreso. Este acuerdo electoral es ahora sustento del predictamen, que será sometido hoy a debate en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, para insistir en el texto aprobado por el Pleno y promulgar la iniciativa desde el Congreso. Al margen de estar a favor o en contra de un referéndum directo para una reforma constitucional, resulta discutible limitar este derecho vía ley y también que —curiosamente— sea solo la agenda que pretende limitar estas posibilidades de reforma la que es tomada en cuenta por la Comisión. Por ejemplo, hay iniciativas anteriores para buscar reformas, que han sido ignoradas por el grupo parlamentario. Entre la debatible limitación por ley y la oportunidad, con anuencia expresa del JNE, se limita un posible referéndum ciudadano.