Los promotores de la censura

Los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel están recibiendo múltiples muestras de solidaridad tras la sentencia del juez Raúl Jesús Vega que los condena a prisión suspendida por “difamación agravada” contra el excandidato presidencial César Acuña. Y no es para menos. La sentencia es lo bastante absurda como para no provocar repudio, escándalo, y sospecha.

Condenar a un periodista por citar sus fuentes, muchas de las cuales eran de conocimiento público, y al director de la editorial que publicó el libro en donde figuran, no tiene precedentes en la historia reciente del país, y convierte al Poder Judicial, a decir del periodista Diego Salazar, en “el nuevo editor jefe de la prensa peruana”. Porque Acosta, de acuerdo al juez, no debió citar testimonios que no han sido corroborados judicialmente. Pero, si así fuera, no podría existir periodismo de investigación, o investigación a secas. Y quizá ese sea el punto.

Las probabilidades de que tan peregrina sentencia se revierta en instancias superiores son altas si prima el sentido común y el profesionalismo de los jueces: confío en que no todos son como Raúl Jesús Vega. Pero no cabe duda de que se ha cruzado una línea temeraria, en principio, contra la libertad expresión, pero más ampliamente contra el derecho a la información veraz y al escrutinio de los personajes públicos, que tiene todo ciudadano y ciudadana. Por tanto, los ciudadanos, y no solo las instituciones profesionales, tendrían que estar más involucrados en el caso, con más razón tratándose de personajes que pretenden acceder a un cargo tan alto como la presidencia de la república, como es el caso de Acuña.

Desafortunadamente, veo difícil que eso ocurra porque la relación entre la prensa y la ciudadanía se encuentra muy mellada, por obra y gracia de la propia prensa, separando por supuesto la paja del trigo. Porque, como bien observa la periodista Laura Arroyo en su cuenta de Facebook, dentro de “prensa” en el Perú entran “tanto periodistas rigurosos y profesionales como Acosta y mentirosos de la comunicación que están haciendo de la profesión un pantano estéril”.

Basta recordar el comportamiento mendaz y parcializado a favor de la candidata Fujimori que tuvieron los medios del Grupo El Comercio y a fines, en las recientes elecciones presidenciales. Fue tan escandaloso que lo notaron los observadores internacionales. A estos poderes mediáticos no les importó manchar honras de los ciudadanos de los distritos rurales más pobres, tildándolos de impostores, en su afán de anular un voto que no les favorecía, cuando estos solo iban a cumplir su deber de miembros de mesa. No les importó contratar falsos analistas, despedir periodistas no alineados con la teoría del fraude, cuya falsedad ha confirmado recientemente una sentencia fiscal. Después de las elecciones, la prensa así prostituida no cesó de propalar información tendenciosa, pasando de la campaña del fraude a la de la “vacancia presidencial”.

Para la ciudadanía, y en especial para la de las zonas rurales, va a ser difícil olvidar el papel de los grupos mediáticos en la campaña por anular su voto, por más decepcionados que puedan estar de Castillo. No basta pues con decir que se defienden los principios de un periodismo profesional y honesto cuando no se los practica.

Entonces, tal vez podríamos matizar en algo la afirmación de Diego Salazar sobre el Poder Judicial para, mirando el panorama más amplio, dar cabida a la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos promotores de la censura al periodismo de investigación? La respuesta, algo inesperada, la da la principal víctima de la censura en el caso en cuestión, Christopher Acosta, en entrevista con Carlos Páucar, en La República: “... inicialmente en la campaña electoral a la gente se le metió mucho miedo sobre que la censura y las presiones provenían de un gobierno de ultra izquierda. Pero más bien estamos viendo que los intentos de censura y las presiones están viniendo de grupos de poder privado. No otra cosa es lo que está persiguiendo a Pedro Salinas, Daniel Yovera, Paola Ugaz, y ahora a mí. Ese hostigamiento no está viniendo del Estado, está viniendo de poderes que se creen impunes y se consideran por sobre las necesidades de ser escrutados”.