Marisa Glave

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¿Autonomía universitaria?

“El pedido de volver a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) desactivando Sunedu nada tiene que ver con la autonomía universitaria...”.

El Congreso una vez más usa una reivindicación histórica como caballo de Troya para promover intereses privados. Esta vez el caballito de batalla es la “autonomía universitaria”.

La autonomía es clave en el desarrollo del pensamiento crítico. El manejo académico de una universidad no puede estar condicionado a la voluntad política del gobierno de turno o a sesgos de quienes fiscalizan el cumplimiento de la ley. Defenderla ha sido una bandera histórica del movimiento universitario y debe seguir siéndolo. Lo que no se puede permitir es que se use su defensa como el eslogan de una campaña cuyo verdadero interés es defender intereses privados lucrativos. Sí, lucrativos, más claramente en universidades privadas, pero también en algunas públicas bajo la lógica del mantenimiento de clientelas.

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El corazón de la autonomía universitaria reside en la libertad de cátedra, tanto en el contenido académico como en la bibliografía sugerida, o en la selección de las y los docentes. Sunedu atentaría contra ella si, por ejemplo, prohibiera libros, vetara profesores o cancelara cursos. Esto no ocurre. Las resoluciones de Sunedu que están siendo cuestionadas no tienen que ver con la imposición de determinadas ideas o preceptos teóricos, tienen que ver con condiciones básicas de operatividad y de calidad.

El pedido de volver a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) desactivando Sunedu nada tiene que ver con la autonomía universitaria. Con lo que sí tiene que ver es con el incumplimiento de requisitos esenciales de la Ley Universitaria. Requisitos como que exista al menos 25% de los profesores a tiempo completo, que tengan maestrías o que haya un mínimo de recursos destinados a investigación. Lo que se quiere es volver al reino del laissez faire para que algún rector pueda cobrar más de un millón de soles de salario, o para que los docentes sean contratados por servicios no personales y no preparen cursos, para que haya libre disposición de los excedentes de las universidades empresa o para que las instalaciones no tengan equipamientos básicos. En resumen, para que se vuelva a legitimar la estafa.

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Más descarado aún es el pedido de condiciones especiales para las universidades no licenciadas. Dicen que miles de alumnos quedaron desamparados. Ocultan que la razón de fondo es el incumplimiento de requisitos básicos por parte de sus dueños y que además el 74% de esos alumnos ya tiene una ruta de continuidad.

51 universidades tienen licencia denegada. De esas, 48 son privadas y solo 3 son públicas. Estas tienen opción de volver a presentarse con las reglas de juego actuales. Tres de ellas ya se presentaron, dos privadas y una pública. Sí es posible lograrlo si lo que hay es voluntad de mejora y respeto por los estudiantes. No permitamos que los negocios universitarios se impongan sobre el derecho a una educación de calidad.