Justicia que se dispara a los pies

La independencia de nuestro sistema judicial frente al poder gubernamental es una conquista y logro democrático desde la restauración de la democracia al inicio de este siglo. Dramáticamente diferentes los tiempos, pues, a la obsecuencia en los 90 ante el SIN de aquella fiscal de la Nación; o de altos magistrados digitados desde el gobierno en esos tiempos.

Tenemos hoy, sin embargo, otras amenazas y situaciones indefendibles en una sociedad democrática. Por ejemplo, la sentencia dictada este lunes condenando a Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel violentando la libertad de expresión. No pasaría el mínimo examen en la Corte Interamericana y el Estado peruano sería indefectiblemente condenado. O una fiscal lenguaraz que califica de “terrorista” a un ciudadano (Pedro Castillo) cometiendo difamación y calumnia a la vez. Paradoja: la fiscal sigue en funciones. O el despliegue para allanar la casa de Pedro Salinas (¿parte de una ”organización criminal”?), acosado por la mano perversa de una secta religiosa.

Viendo el conjunto del bosque, hay cuatro problemas de fondo muy serios.

Primero, casos de instrumentalización por grupos de poder fáctico. Desde los intentos iniciales de grandes constructoras de bloquear —o desviar— las investigaciones sobre corrupción, hasta grupos de interés (por ejemplo, “Cuellos Blancos del Puerto”), angelicales piezas de nuestro desgarrado sistema judicial. Promover y fortalecer la transparencia —en lo cual Elvia Barrios viene trabajando— es una tarea a ser apoyada y fortalecida.

Segundo, en casos anticorrupción una reiteración de listados interminables de investigados. Que más que responder a un análisis serio de los hechos o de supuestas responsabilidades, responde a la tentación facilista de meter a todos los nombres imaginables en aparente señal de “firmeza judicial” haciendo a la larga inviables muchas de las investigaciones.

Lamentable desperdicio de recursos y atropello reiterados de derechos de muchas personas metidas “en el saco” por años. Con el resultado —sospechoso— de la virtual imposibilidad de concluir la mayoría de pobladas investigaciones luego de más de tres años en los que se ha metido en el saco a decenas de personas cuya no responsabilidad penal no podrían haber demorado establecerse.

He defendido vigorosamente al trabajo de la mayoría de fiscales anticorrupción, pero es impresentable que, a estas alturas, algunos estén pensando en pedir tres años de ampliación. Salvo alguna excepción muy contundente, esto no es aceptable. Una justicia que no arroja resultados e incapaz de organizarse en función de las capacidades y recursos disponibles se vuelve ilegítima.

Tercero, manejo discrecional y laxo de conceptos fundamentales como “organización criminal”. O los requisitos para algo tan serio como una detención preliminar que se puede prolongar por años. Cierto que la definición amplísima de “organización criminal” fue legislada en tiempos de PPK (DL 1307), así como la duplicación a 36 meses del tiempo permisible para una detención preliminar (DL 1298). Mucho de esto fue interpretado con manga ancha por algunos fiscales y jueces.

El concepto “organización criminal” está sirviendo, al fin de la historia, de pretexto y cobertura para que, por ejemplo, todos los que ocuparon alguna función pública pasen a la lista de investigados sin que haya hechos irregulares que atribuirles. Un ejemplo, varios ministros u altos funcionarios del gobierno de Toledo, que no tuvieron que ver nada con oscuras articulaciones con Odebrecht, son sospechosos de ser parte de la “organización criminal” pues se reunían con su “jefe”, el presidente Toledo.

Cuarto: buscar ser “rockstar” y saltar luego a un cargo político. No lo es todo, pero explica muchos de los meandros procesales, filtraciones de información y otras conductas alimentadas, a veces, por los protagonismos. Que acaba ingrediente de una puerta giratoria que podría prohibirse o restringirse estableciendo un lapso obligatorio de “paréntesis” antes de pretender saltar a un cargo político. Caso típico y acentuado, Sergio Moro en Brasil. Montó espectáculos extralegales en la investigación a Lula y cedió ante violaciones al debido proceso. La Corte Suprema acabó tumbándose las condenas.