La ley de mi papito

En los Estados Unidos, ese país que para tantos limeños de las clases altas es el paraíso en la tierra, un agente de la policía que detiene a un ciudadano en falta tiene el mandato de darle indicaciones precisas de cómo proceder y, si el susodicho intenta desoírlas, argüir o resistirse, también de reducirlo usando la fuerza. ¡Ni qué decir de un comentario lejanamente insolente! Es suficiente para llevarse al faltoso esposado y no hay tutía que valga.

En cambio, en Lima, un hombretón, mayor de edad, que viola flagrantemente el toque de queda se siente con derecho a exigir a la policía que, antes de detenerlo y llevárselo a la comisaría, como se debe, espere a que venga su papito a defenderlo, como ocurrió en Miraflores con el sujeto llamado Stefano Orlandini Regalado, quien hasta se dio el gusto de insultar y cachetear a un efectivo de seguridad.

En esta ocasión, las fuerzas del orden actuaron de manera impecable, pues igual se llevaron al matoncito a la comisaría y ahora tendrá que pagar una buena suma como multa.

Qué diferencia con la actitud de un efectivo del ejército que, al inicio de la pandemia, dejó ir a un infractor del toque de queda a cambio de propinarle unas cuantas cachetadas. Pese a los elogios que provocó entre los entusiastas de la mano dura, ese militar estaba debilitando a su institución, porque, al aplicar la justicia por mano propia, le daba en la yema del gusto al transgresor. Vamos, ¿qué delincuente no preferiría una buena bofetada a irse preso?

Pero las tribunas siempre aplauden la violencia, sea la del padre prepotente o la del militar que tortura, aunque deje al faltoso sin sanción real. La marca de una sociedad civilizada no es el linchamiento, la cachetada o el grito, sino la justicia, y las fuerzas del orden tienen la prerrogativa de usar la fuerza, de manera proporcional a la falta, y no la de hacer justicia por su cuenta o atender a las órdenes de un papito gritón.