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Más poder para el Congreso

Debilitamiento de otros poderes del Estado tiene como objetivo alentar el golpismo y la inestabilidad.

Las reformas constitucionales que se vienen formulando desde la Comisión de Constitución del Congreso tienen como sesgo el fortalecimiento del Poder Legislativo en desmedro de los otros poderes del Estado, en especial del Ejecutivo.

¿Se trata de un plan organizado para debilitar el sistema presidencial y transformarlo en parlamentario? Parece más bien un plan premeditado que va restando facultades sobre todo al Ejecutivo mientras se va blindando al Congreso y garantizando su permanencia plenipotenciaria, mientras se agita la bandera del golpismo y la inestabilidad. Por ello, la iniciativa del Ejecutivo para discutir la vacancia se ha encarpetado mientras se va perfilando una propuesta para, por ejemplo, dar interpretación auténtica a la cuestión de confianza.

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En el juego de poderes que garantiza la Constitución figura esta capacidad del Legislativo de vacar al presidente, pero también el Ejecutivo tiene la capacidad de equilibrar cualquier exceso con la llamada cuestión de confianza. Herida de muerte esta última, el Congreso abusa de sus facultades, degrada la Constitución como dice la portada de La República y va paulatinamente limándole los dientes a un poder del Estado.

Por esta razón, es una contradicción flagrante que el Congreso, que se niega a generar un debate nacional sobre temas constituyentes y pretende limitar hasta el derecho al referéndum para temas vinculados a nuestra carta política, haga cambios continuos y bajo el amparo que le confiere una comisión parlamentaria, entre gallos y medianoche.

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Es aún más reprobable que toda esta maquinaria abusiva que va alterando la ley de leyes se haga precisamente bajo el argumento falaz de que se está defendiendo la Constitución de 1993. El fujimorismo y sus socios en este asalto a la legalidad, Podemos y Avanza País, están modificando la normativa en favor del golpismo y la inestabilidad política.

Como muestra, algunas iniciativas legislativas que están por aprobarse: ley que faculta al Congreso a ratificar ministros, ascensos de las FF. AA y embajadores; ley que modifica la designación del presidente del JNE; ley que propone que la ratificación del jefe del Indecopi corra a cargo de la Comisión Permanente; ley que podría impedir que el Ejecutivo acuda al TC cuando el Congreso impulse una vacancia.

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La operadora de todo este legicidio es la fujimorista Patricia Juárez, otrora brazo derecho del exalcalde de Lima Luis Castañeda, en casos vinculados a la corrupción de constructoras brasileras. Es evidente que, fuera del capítulo económico de la carta fundamental, todo lo demás es alterable.