La COP26 y la agenda climática para el Perú

Por Henry Córdova

En medio de la pandemia, la COP26 fue uno de los acontecimientos del año. Después de 13 días de negociaciones en Glasgow (Escocia), los acuerdos tomados en la COP26 resultan insuficientes para enfrentar el escenario de crisis climática que ha sido advertido por el panel de científicos de la ONU, conocido como el IPCC.

Antes de iniciarse, esta Conferencia había sido definida como la última oportunidad para que los gobiernos y las corporaciones, sobre todo las que mayor responsabilidad tienen en las emisiones de gases de efecto invernadero, tomen decisiones “trascendentales y sin precedentes” para limitar el aumento de temperatura al 1.5°; sin embargo, las organizaciones han calificado el acuerdo final como “débil” pese a que se han tomado algunos acuerdos importantes.

Desde las organizaciones sociales, como el MOCICC, hemos señalado mediante un comunicado la preocupación de que las decisiones tomadas en Glasgow “se alejan de su propósito de mantener la temperatura debajo del punto de no retorno”.

Si bien ha sido importante que alrededor de 100 países que representan casi el 85% de los bosques prometieran frenar la deforestación hacia el 2030, que más de 40 países acordaran reducir el uso de carbón o que el propio acuerdo hace una mención sin precedentes al papel de los combustibles fósiles ineficientes, estos acuerdos resultan engañosos si vemos que no se han fijado plazos reales para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y tampoco se cumplió con el acuerdo para el financiamiento para las medidas de adaptación.

Una vez más, la posibilidad de un acuerdo importante se ha visto truncada por la acción de los principales países emisores de gases de efecto invernadero y por las corporaciones cuyo negocio depende directa e indirectamente de la explotación de combustibles fósiles. Lo que buscan estos países es trasladar las decisiones importantes hacia el horizonte del 2050 o promover soluciones falsas como el pago de los países del norte global a los países del sur global para que cuiden los bosques y así eludan ellos su responsabilidad en la reducción de sus propias emisiones de CO2 y metano.

Frente a ello, la debilidad del acuerdo de Glasgow abre la necesidad de ser más incisivos en impulsar una agenda climática en el Perú. Nuestro país es uno de los más vulnerables y presenta siete de las nueve condiciones de vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. El Estado peruano debe resolver su contradicción entre el continuismo de una política económica basada en la extracción de recursos mineros y de hidrocarburos y su política climática que busca reducir 40% de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030.

La declaratoria de emergencia climática anunciada por el presidente Castillo debe considerar el reconocimiento de los territorios integrales, la lucha firme contra la deforestación, una apuesta real por un proceso de transición justa ecológica-energética y la justicia climática que asegure la protección de las y los defensores ambientales y finalmente la posibilidad de empezar a discutir en el Marco Macroeconómico Multianual un presupuesto general con enfoque de cambio climático. El Minam, como ente rector para dirigir la política climática, debe tener un rol más relevante dentro del Gobierno para que cumplir con la implementación de las medidas de mitigación y adaptación sea un eje transversal en la política pública nacional.

Sin embargo, más allá de los planes y programas que el Gobierno impulse, es necesario que desde la sociedad acompañemos las luchas que se viven en los territorios y acompañar a las defensoras y defensores ambientales, que saben mejor que nosotros que el ser humano es parte de la naturaleza y no una especie destinada a someterla hasta el punto de poner en riesgo el equilibrio ecológico de nuestro planeta. El único que tenemos.