Un Congreso de espaldas a la ciudadanía

Hace buen tiempo hay numerosa e innegable evidencia que da cuenta sobre el divorcio entre las apuestas de la ciudadanía y las de sus representantes. Los períodos parlamentarios anteriores y, sin duda, lo que va del actual revelan una aguda crisis de representación de la que sus protagonistas, lejos de hacerse cargo, han colaborado con agravar.

En este período parlamentario ya se nos han dado múltiples y preocupantes señales de la existencia de una larga lista de intereses particulares en cuestión, distintos de la búsqueda del bien común, y que condicionan la toma de decisiones.

Asuntos de total trascendencia para el país y su avance en el camino de salida a la crisis sanitaria, económica, social, etc., a la que hacemos frente, han sido invisibilizados y postergados. Lejos de buscarse un trabajo coordinado, de control y de colaboración con el ejecutivo se ha privilegiado una postura de confrontación que no hace más que generar ruido político y dilatar la atención urgente de las demandas de la ciudadanía, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, da cuenta de la negativa de un amplio sector a respetar los resultados electorales y a trabajar a lo largo de este quinquenio en la búsqueda de consensos, por encima de los diferentes posicionamientos.

Este accionar ha generado una clara afectación de la estabilidad y gobernabilidad del país que, sin duda, llegó a su pico máximo con la reciente moción de vacancia desestimada y que es evidencia, nuevamente, de la falta de un real espíritu democrático de defensa de la institucionalidad y de las reglas del juego y de apuesta por encaminar coordinadamente el proyecto país delimitado por las prioridades y expectativas de la ciudadanía.

Adicionalmente, temas cruciales como el sostenimiento de la reforma del transporte, la lucha frontal contra la violencia a las mujeres y la defensa de la reforma universitaria han encontrado vergonzosos pronunciamientos contrarios de su parte, que nos confirman el proceder de un Congreso que actúa de espaldas a la ciudadanía y que atiende a un orden de intereses evidentemente contrapuestos al interés general.

Frente a este proceder lamentable, pero nada reciente, la ciudadanía está cada vez más familiarizada con el ejercicio de un rol protagónico y activo, informado, crítico y dispuesto a sentar posición en defensa de aquellas causas suyas que se ve en la necesidad de defender en primera persona.

La enmienda en la decisión de la Comisión de Ética de hace algunos días es una clara muestra del poder de la ciudadanía y de la fuerza de su voz para emplazar a sus representantes y lograr reconducir acciones. Sin duda, los últimos dictámenes de la Comisión de Educación ameritan una clara defensa del derecho a una educación de calidad y el rechazo al retroceso de la reforma universitaria que, desde ya, nos convocan a pronunciarnos hasta obtener enmienda. Tras ello, y las veces que hagan falta, ¡seguiremos alzando la voz!