Las luchas que vienen

El Gobierno parece haber leído muy mal el resultado de la frustrada vacancia presidencial. Lo que ofreció, en cuanto a explicaciones se refiere, pasó al mismo archivo donde se colocó la moción. Parece que no notaron que Castillo no fue a ejercer su defensa al Congreso solamente por un faltante de seis votos.

Hasta hoy no hay en el Ejecutivo una acción de enmienda de nada de lo hecho, que es mucho y es grave: pésimos nombramientos, asociación con personajes corruptos, anuncios que espantan la inversión privada por violar, una y otra vez, esa misma Constitución que le ha salvado la presidencia a Castillo. No hay “revisión” unilateral de contratos, está prohibida la expropiación arbitraria y no hay asamblea constituyente como mecanismo de reforma. Así como he sostenido que la vacancia por incapacidad moral permanente no es un mecanismo de interpelación o revocatoria del presidente, del mismo modo debemos insistir en que el Ejecutivo respete la Constitución en aquello que no le gusta. Lo hace solo cuando pierde la batalla.

La primera obligación constitucional de un presidente es cumplir y hacer cumplir las leyes. Esta no es solo una declaración retórica. Vean el artículo 118 inciso 1 de la Constitución. Él es el primer llamado a cumplir la ley. Resulta absurdo que el presidente reclame “una ley para que se cumpla la ley” si ese poder se le ha otorgado a él mismo y parece ignorar por completo sus obligaciones sustanciales. Dar cuenta de sus actos no es un favor que le hace a una prensa que él considera hostil. Es una obligación legal que hace muy mal en resistir.

Pero no es solo en la lucha por la defensa del Estado de derecho donde tendrá que estar la población y los medios, que hasta ahora han parado un conjunto variopinto de sandeces que no discriminan entre Ejecutivo y Legislativo. También hay que defender las pocas reformas sensatas que se han ejecutado en el último decenio.

Cuando Fuerza Popular y Perú Libre votan juntos, pierde todo el Perú.

Esa rara mezcla solo obedece a servir intereses particulares, jamás ideológicos. Traerse abajo la reforma universitaria, conceder segundas oportunidades a universidades cochera y resucitar a esa madre de todas las ovejas negras que fue la Asamblea Nacional de Rectores, solo puede caber en la cuchipanda de la corrupción sin bandera y en la desesperación por obtener rentas inmensas de padres y estudiantes pobres y desesperados. Sin vergüenza alguna, Luna, dueño de la ex universidad Telesup, vota con tres de los suyos en abstención en la moción de vacancia. ¿Qué recibe a cambio esa misma semana? El regalito navideño de la universidad propia, nada menos.

Un Congreso y un Ejecutivo mediocres no pueden sino provenir de universidades mediocres. Crucen ustedes los votos de los ocho congresistas de la Comisión de Educación que votaron a favor de liquidar a la Sunedu versus sus hojas de vida y encontrarán que Tello y Paredes (PL), Huamán (FP) y Medina (RP), presidente de la Comisión, vienen de universidades no licenciadas y Espinoza (AP) no tiene educación universitaria. Cinco de ocho. Recuerden que Sunedu licenció a 94 universidades y denegó licencia a 48 universidades privadas y 3 públicas por no cumplir un conjunto de requisitos mínimos. Sus exalumnos ahora son congresistas. Si a ello se suman congresistas exalumnos de universidades con propietario político con bancada (como APP) ya se entiende por qué la reforma está en serio peligro.

Es difícil pelear cada día y enfrentar la mediocridad y la corrupción que quiere comerse el país. Pero no queda otra. Esta será la lucha de los meses que vienen. Una por una, vengan de donde vengan, porque está claro que vendrán de todos lados. La tarea es larga y hay que perseverar en ella.