En defensa del Estado de derecho

La grave crisis política que atraviesa el país ha generado voces responsables que alientan el diálogo democrático. Para lograrlo, promueven encuentros y llaman a la calma. También hay quienes pretenden usar el trance para lanzar propuestas que alientan no solo el golpismo, sino la toma por asalto de las instituciones tutelares y la quiebra de todo el Estado de derecho.

Es el caso de Rafael López Aliaga, cabeza visible de posiciones extremas y representante de Renovación Popular, una organización política con representación parlamentaria. Luego de anunciar que no participará en las reuniones convocadas por el presidente Pedro Castillo, ha lanzado una suerte de proclama que propone en resumen “que se vayan todos, menos nosotros”.

Como ya es público, está a favor de la vacancia no solo del mandatario, sino también de la vicepresidenta Dina Boluarte. Junto a ellos propone el descabezamiento de todo el aparato electoral y también del Ministerio Público. Una suerte de purga de quienes él –por sí y ante sí– considera que no responden a sus intereses. Y le hace un flaco favor a la presidenta del Congreso, a quien propone como reemplazante en el sillón presidencial, pero solo el tiempo justo para que convoque nuevas elecciones.

Todo este paquete de “iniciativas” tendría que ser de inmediato repudiadas por las diferentes representaciones políticas, no solo por ser básicamente golpistas, sino por alentar una suerte de razzia de autoridades a dedo, atentando fundamentalmente contra la institucionalidad democrática, y violentando todo el marco jurídico peruano.

López Aliaga, además de ser uno de los principales financistas de las marchas callejeras contra la democracia y por el golpismo, ahora pretende ganar en río revuelto, y deshacerse de quienes él considera que entorpecen su actividad empresarial y su proyección política. Solo faltó en su proclama que indicara que debe irse el jefe de la Sunat y así borrar posiblemente la deuda coactiva de 34,6 millones de soles que mantiene con el país.

La actual coyuntura requiere de propuestas políticas que defiendan la democracia, el Estado de derecho, la institucionalidad y las libertades civiles. Es decir, todo lo que ha costado tanto construir en el Perú del bicentenario y no se ceda el paso a proyectos golpistas y que de un plumazo nos devuelvan a la desigual e injusta sociedad semifeudal de los 50.