Bravucones de choque y fuga
Los agresores de decenas de ciudadanos siguen impunes y no asisten a citación de la Fiscalía.
Todos los grupos paramilitares que agitan y promueven la vacancia no se limitan a marchar y vitorear a sus líderes y vociferar sus simpatías políticas. Son estructuras destinadas a amedrentar, atacar y violentar a las personas que no comulgan con ellos y, por sus posiciones de cargo o poder, cercar a las autoridades para enajenar su capacidad de decisión.
Los hemos visto durante la campaña, después de ella y esta semana en la que han acudido a casas de congresistas y excandidatos presidenciales. Han coaccionado a la representante de las universidades privadas ante el JNE y han irrumpido en las ceremonias de presentación de libros, que ahora se tienen que organizar con resguardo policial.
La fiscal de la Nación y la Policía conocen perfectamente el movimiento de este conjunto de indeseables, su comportamiento belicoso contra todas las normas de convivencia civilizada, su violencia inusitada y la capacidad real de hacerle daño a las personas.
Desde el 2019, ya eran habitúes de las marchas y movilizaciones con sus posturas neonazis, sus camisetas y sus arengas. Están todos debidamente identificados y se tienen registros de su accionar. Son cuatro las fiscalías que siguen tibias investigaciones cuando debían unificarse en una sola, para garantizar que los procesos avancen y se formulen las acusaciones necesarias.
Se ha permitido, ante el vacío fiscal y policial, que sigan avanzando. Cada vez son más avezados y están hasta dispuestos a usar imágenes de menores para amedrentar a ciudadanos indefensos, sometidos a estas muestras abominables de pensamiento y acción fascista de ultraderecha.
Se han presentado denuncias, la última de carácter penal a cargo de los organismos de DD. HH., pero los violentos tan bravucones para amenazar a indefensos no dan la cara ante la justicia, apelando a leguleyadas. Esta vez, su abogado Humberto Abanto –vinculado al fujimorismo– aseguró no haber tenido acceso a la carpeta fiscal de un caso que ha sido presentado en setiembre del 2019 por abogados y periodistas del IDL, acosados por esta banda de desadaptados.
El propio ministro del Interior, Avelino Guillén, víctima personal del acoso, aseguró que hay mucho que investigar en torno al financiamiento y los vínculos con el fujimorismo de estos grupos paramilitares que siembran el caos y buscan producir esta sensación de ingobernabilidad y de ruptura inminente del orden constitucional. Esperemos que la justicia finalmente actúe y nos libre como sociedad de esta amenaza totalitaria.
