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Abuso jurídico contra las peruanas

“La ONU resalta que las cifras de violencia sexual, seguidas de embarazo, en el Perú se encuentran entre las más altas del planeta. Esto ocurre porque, desde el 2009, la AOE (anticonceptivo oral de emergencia) está bajo el asedio de grupos religiosos fundamentalistas”.

Entre enero y setiembre de este año ha habido, por lo menos, 16 mil denuncias de abuso sexual. De ellas, solo el 10% habría recibido la AOE, más conocida como la “píldora del día siguiente”. El 2020, por ejemplo, apenas a poco más de 910 les fue entregada por el Minsa en un kit de emergencia. La ONU resalta que las cifras de violencia sexual, seguidas de embarazo, en el Perú se encuentran entre las más altas del planeta. Esto ocurre porque, desde el 2009, la AOE (anticonceptivo oral de emergencia), política pública que involucra los derechos de millones de mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, está bajo el asedio de grupos religiosos fundamentalistas.

Una acción de amparo presentada por la ONG ‘Ala sin componenda’, concedida en el Tribunal Constitucional, desde hace más de 12 años impide al Estado repartir el anticonceptivo, a pesar de que se siguió vendiendo en las farmacias privadas, perjudicando a los sectores menos favorecidos. El argumento era el efecto, supuestamente abortivo, de la píldora, dado que, según versión de parte y sin presentar sustento científico riguroso, la acción anticonceptiva recaería en el óvulo fecundado, es decir cuando, según los fundamentalistas, la vida se ha iniciado. Esta hipótesis, sin embargo, ya fue completamente desechada por la ciencia, lo dice la OMS. La píldora, en ningún caso, es abortiva.

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Para no esperar a que el sobrecargado TC vuelva a ocuparse del tema, entidades de la sociedad civil tuvieron que solicitar, ante el Primer Juzgado Constitucional, una medida cautelar, concedida el 2016, para que el Minsa pueda distribuir el anticonceptivo. Este mismo juzgado, en el 2019, sobre la base de la nueva información científica, se pronunció a favor de la repartición gratuita de las píldoras. A pesar de ello, la ONG ‘Ala sin componenda’ volvió a apelar la medida y la Primera Sala Civil de Lima consideró que debía ser el TC quien tome le decisión final, y el Minsa sigue atado de manos.

El caso se encuentra en la segunda sala del TC, con plazo incierto de culminación. Dada la importancia del tema y, sobre todo, porque el razonamiento jurídico debe necesariamente incorporar los resultados concluyentes de la ciencia, es urgente que sea su Pleno quien restablezca los derechos de millones de peruanas. De toda la región, solo Honduras y el Perú siguen entrampados en esta discusión.