Augusto Álvarez Rodrich.

Augusto Álvarez Rodrich.

Claro y directo
Economista de la U. del Pacífico –profesor desde 1986– y Máster de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Harvard. En el oficio de periodista desde hace más de cuatro décadas, con varios despidos en la mochila tras dirigir y conducir programas en diarios, tv y radio. Dirige RTV, preside Ipys, le gusta el teatro, ante todo, hincha de Alianza Lima.

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Más allá de la fábrica de cierres

El problema de fondo en la minería es culpa del Estado.

Más allá de la vocación invicta por la chambonada del gobierno actual, ratificada en el anuncio del cierre de minas, en el fondo del problema está la ausencia o mediocridad del estado para prestar servicios públicos básicos de calidad.

Pese a la reducción de la pobreza de las últimas décadas, son clamorosas las condiciones de vida paupérrimas en muchas zonas que suelen coincidir con espacios de actividad extractiva.

La llegada de una empresa a la vecindad genera en la gente la expectativa de solución de problemas no resueltos debido a la ausencia flagrante del estado en todos sus niveles –nacional, regional, municipal–, el cual no ha demostrado capacidad de usar los recursos derivados de esas operaciones empresariales en beneficio de la gente.

PUEDES VER: Gobierno abre el diálogo con mineras: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía saluda reunión como positiva

La empresa suele generar beneficios para las poblaciones del entorno, vía la creación de empleo directo e indirecto, compras locales y otras acciones muy útiles para el espacio inmediato.

Pero eso, obviamente, nunca es suficiente para otras poblaciones de la zona, desde las cuales se originan demandas sociales sobre asuntos que suelen ser responsabilidad directa del estado antes que de la inversión privada.

El problema se agrava por varias razones. Primero, el estado carece de un plan para usar los excedentes de la explotación de recursos para constituir fondos para abordar asuntos cruciales para la gente con mirada de largo plazo.

PUEDES VER: Adrián Geldres: “Son diez años de postergación y abandono del Estado y las empresas”

Segundo, los gobiernos de todo nivel –actuales y previos– no tienen planes para la cobertura de servicios públicos básicos para esas poblaciones.

Tercero, cuando se producen los conflictos, el estado intermedia para la solución, y firma compromisos que generalmente incumple, lo cual promueve los futuros conflictos sociales.

Cuarto, hay azuzadores que promueven el conflicto por un interés político, como hoy abundan en el gobierno y específicamente en el MEM.

PUEDES VER: Controversia por el cierre de minas en Ayacucho

Quinto, hay azuzadores que hacen del conflicto un gran negocio, cobrando comisiones generosas a la comunidad por lo que les ‘consiguen’. Algunos cercanos al gobierno actual.

Sexto, hay políticos que usan los conflictos para ‘resolver’ otros problemas, como, por ejemplo, un intento de vacancia presidencial en el congreso.

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