Cecilia Méndez

Cecilia Méndez

Chola soy
Historiadora y profesora principal en la Univ. de California, Santa Bárbara. Doctora en Historia por la Universidad del Estado de Nueva York, con estancia posdoctoral en la Univ. de Yale. Ha sido profesora invitada en la Escuela de Altos Estudios de París y profesora asociada en la UNSCH, Ayacucho. Autora de La república plebeya, entre otros.

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Los nuevos golpes de Estado

“Las reformas que el país necesita y que las mayorías reclaman requieren estabilidad. Y parece que eso es a toda costa lo que se quiere evitar al invocar rutinariamente la vacancia, para que nada cambie”.

Cuando hace un año, en noviembre del 2020, el Tribunal Constitucional (TC) se abstuvo, por una votación de 4 a 3, de resolver la demanda presentada por el expresidente Martín Vizcarra con respecto al artículo 113 de la Constitución, que establece como una de las causales de vacancia presidencial la “permanente incapacidad moral o física”, no solo abdicó de su razón de ser. También arrojó al país a un potencial abismo de arbitrariedad e inestabilidad sin fin, cuyas honduras estamos experimentando con particular agudeza por estos días.

Como ya han aclarado otros con solvencia, dicha cláusula ha estado en nuestras constituciones desde 1839, un tiempo en que la salud mental era indisociable de la condición moral, de allí que con “incapacidad moral” a lo que se aludía era a enfermedad mental, lo que ahora llamaríamos una condición psiquiátrica. Al no aclararlo, el TC ha dado rienda suelta a un abuso de la ley que amenaza con traerse abajo las bases del propio ordenamiento democrático. Porque una cláusula que fue claramente pensada para situaciones excepcionales se ha venido invocando rutinariamente para intentar deponer a un presidente cuando no se está de acuerdo con los resultados de una elección. La vacancia por “incapacidad moral” es la nueva forma que están tomando los golpes de Estado en tiempos de democracia. El espurio gobierno de seis días de Manuel Merino, forzado a renunciar por la movilización popular más grande de nuestra historia, con un costo de dos vidas y docenas de heridos, es un ejemplo.

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No es una exageración decirlo. A veces se da por sentado que somos una democracia desde hace mucho tiempo, pero no es así. Durante la mayor parte de su historia republicana, el Perú ha estado gobernado por militares. El siglo XIX fue un siglo de guerras civiles constantes y, salvo Manuel Pardo (1872-1876) y Nicolás de Piérola (1895-1899), el resto de gobiernos y gobernantes fueron militares. Si entonces se buscaba deponer a los presidentes a punta de bayonetas, desde mediados del siglo XX se usaron los tanques, con golpes cada vez más institucionales que personalistas: esa es la diferencia entre Sánchez Cerro (1930-1933) y Velasco (1968-1975). Sin embargo, en el siglo XX tuvimos también dictaduras civiles, como fueron los casos de Leguía (1919-1930) y Fujimori (1992-2000).

El primer periodo de elecciones continuas con gobernantes civiles fue el que Basadre denominó “La República Aristocrática” (1895-1919), interrumpido por el golpe de estado de Benavides contra Billinghurst (1914-1915). El apelativo de “aristocrática” no era gratuito. Se trató, en efecto, parafraseando a Silvia Rivera Cusicanqui, de una “democracia de casta”. Pues, pese a que se implementaron por primera vez en ese periodo las elecciones directas, se excluyó simultáneamente de la votación a la mayoría analfabeta, y no votaban las mujeres. Como fuere, hubo entonces 19 años ininterrumpidos de elecciones, consolidándose una cierta institucionalidad.

Ya en el siglo XXI, si Keiko Fujimori no hubiera levantado la amenaza de vacancia por “incapacidad moral” contra Kuczynski, el ganador de las elecciones que ella perdió en 2016, este hubiera terminado su mandato constitucional en 2021, con lo que hubiéramos tenido por primera vez en nuestra historia veinte años consecutivos de gobiernos democráticamente elegidos, esta vez, con participación de mujeres y personas iletradas, una democracia mucho más inclusiva.

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No es casual que desde entonces los perdedores de las elecciones no hayan cesado de invocar la vacancia para desconocer los resultados de elecciones legítimas, con la complicidad de poderes económicos y mediáticos. No puede perderse de vista tampoco que esta vez, a diferencia de las anteriores, existe un componente ideológico que se suma a los intereses y afanes personalistas. Pedro Castillo es el primer gobernante sin conexión con las élites sociales, económicas, intelectuales y militares, elegido democráticamente y con un programa de izquierda.

Las reformas que el país necesita y que las mayorías reclaman requieren estabilidad. Y parece que eso es a toda costa lo que se quiere evitar al invocar rutinariamente la vacancia, para que nada cambie.