Anarquía bicentenaria

La remoción de un presidente de la república de su cargo sin más mérito que la fuerza de los votos opositores en el Congreso, donde se unen enemigos para este fin, es ajena por completo a la forma presidencial de gobierno y a la democracia representativa que adhiere la constitucionalidad peruana. Lamentablemente, desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones del año 2016 la utilización de una institución ajena al derecho se ha hecho una norma de facto para derrocar presidentes. Dos veces con Kuczynski (terminó renunciando) y dos con Vizcarra, en los próximos días se admitirá por quinta vez a debate, en menos de cinco años, una moción de vacancia contra Pedro Castillo.

Aclaremos esto con rapidez. No existe en la Constitución de 1993 juicio político posible contra el presidente que no sea el del artículo 117, por cuatro causas objetivas. No existe revocatoria del mandato presidencial por causa de incompetencia. En términos teóricos, un analfabeto está habilitado para la presidencia, sin ser esta carencia causa para su remoción. Algo tan atroz como señalar que el presidente “no distingue el bien del mal” requiere de un peritaje psiquiátrico que compruebe, como se señala en el código penal, una grave alteración de la consciencia que lo haga inimputable para ser procesado. La insania no se declara por mayoría de votos.

El golpe de Merino hace un año ha dejado un legado político que no tiene hasta hoy solución. Si bien fue forzado a renunciar, los conspiradores que por meses urdieron un acto de fuerza salieron impunes. Si bien no lograron hacerse del poder en uno de los momentos más trágicos de la historia del Perú (sin importarles dejar al país fuera de la carrera por comprar vacunas), obtuvieron un triunfo a largo plazo: creen que pueden volverlo a hacer porque no hubo castigo. Fuerza Popular, AP, APP, Podemos, Somos Perú con Frepap, UPP y Frente Amplio reunieron 105 votos (al segundo intento) para inventar un juicio político inexistente. Los cinco primeros partidos fueron premiados con el voto popular y aunque hoy solo el fujimorismo se pliegue a la moción de vacancia de Patricia Chirinos (Avanza País), no debe sorprender a nadie que vuelvan (después de negarlo) a las andadas.

¿Es Pedro Castillo un hombre preparado para ejercer la presidencia? No. Ha demostrado su medianía en casi todas sus decisiones y sus profundas indecisiones. ¿Es un hombre que se ha rodeado bien? En absoluto. Dos gabinetes y 11 cambios de ministros son un desastre de gestión. ¿Su plan de gobierno es bueno para el Perú? No, el plan de Perú Libre es el hambre para todos. ¿Ofrece estabilidad, predictibilidad, seguridad jurídica? No. Las proyecciones de inversión privada son un naufragio para el próximo año y nadie se puede sorprender. Un presidente que un día llama a la inversión extranjera para a la semana siguiente anunciar que quiere estatizar Camisea, para luego desdecirse, no le ofrece estabilidad ni a sí mismo. Nombrar a Bellido fue una desgracia para la economía, pero la más sensata, Mirtha Vásquez, apareció apenas ayer anunciando el cierre de algunas unidades mineras, confundiendo un cierre previsto con un reclamo antiminero. Deshacer esas torpes declaraciones cuesta más que hacerlas. ¿Es honesto el presidente Castillo? Su pasado no lo condena, pero su hoy exsecretario investigado por tráfico de influencias sí.

Los electores de Lima y en particular la clase alta y media detestan a Castillo por todas estás cosas. Alza del dólar, caída de la bolsa, inflación, inseguridad solo garantizan la fuga de capitales y la activación de planes migratorios, grandes o pequeños, de los que ya no se oía en los últimos quince años. Desesperadas gentes, ansiosas o deprimidas, quieren en tiempos pandémicos una solución aquí y ahora. Esa solución añorada pasó primero por el fraude y pasa ahora por la vacancia. Quieren creer que esta solución es constitucional y viable políticamente. Ni lo uno, ni lo otro.

Si constitucional no es, ¿por qué no es políticamente viable? Después de vacar a Castillo y Boluarte solo quedarán nuevas elecciones generales. ¿Alguien garantiza el resultado? ¿Alguien garantiza su permanencia? ¿Ese nuevo presidente durará un año? Fujimori, al unirse a la moción de Chirinos, le da admisibilidad (26 votos) tal vez para congraciarse con ese elector ansioso y deprimido que le demanda acción, tal vez para medir fuerzas e invitar a Cerrón a unirse al pacto conspirador. Mientras el Tribunal Constitucional no la detenga (lo que debió hacer con el caso Vizcarra), podrá seguir poniendo y sacando presidentes, cada vez en tramos más cortos, en esta “anarquía bicentenaria” a la que estamos condenados desde hace un quinquenio.

No, así no funciona la democracia, ni crece el país.