Rosa Palacios

Rosa María Palacios

Contracandela
Lima, 1963. Abogada por la PUCP y Máster en Jurisprudencia Comparada por la Universidad de Texas en Austin. Su área de especialización es el periodismo político y divulgación jurídica con más de veinte años de experiencia en televisión, radio y prensa escrita. Es docente de la PUCP en la facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

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El dinosaurio sigue ahí

“Jamás, en 200 años, se concibió la vacancia presidencial ‘por incapacidad física o moral’”.

Ante la inexistente amenaza de una futura disolución, el Congreso ha insistido esta semana en limitar la cuestión de confianza que puede presentar el presidente del Consejo de Ministros. Desde el 2018, este es el cuarto intento. En los tres anteriores el Congreso perdió dos en el Tribunal Constitucional (acción de inconstitucionalidad del 2018 por 7 a 0 votos y la acción competencial del 2019 por 4 a 3 votos). La tercera la perdieron en el voto popular, cuando metieron de contrabando su modificación, en el referéndum sobre bicameralidad. Esa trampa nos hizo perder una institución muy necesaria. Si el TC fuera respetuoso de sus propios fallos, volvería a perder el Congreso. Pero hoy la política tiene su peso y eso parece poco probable.

¿Cuál es el problema de fondo? ¿Que el Ejecutivo haga cuestión de confianza para reformar el artículo 206 de la Constitución e imponer una asamblea constituyente? ¿Que el Congreso se lo niegue dos veces y sea disuelto por ello? Veamos si se entiende el razonamiento de la oposición. La Constitución solo puede reformarse pasando por el Congreso con votaciones calificadas. Como la mayoría opositora al Gobierno no tiene 87 votos en dos legislaturas, se les ocurrió la idea de violar el artículo 206 modificando la Constitución por una ley ordinaria, bajo la excusa de que es la única manera de salvarla de un arrebato presidencial. ¿Se entendió? La verdad, no. Como “salvadores de la democracia” más parecen salvadores de su puesto de trabajo. Es lo mismo que “salvar la democracia” inventando un fraude para así robar una elección que perdiste.

PUEDES VER: El Ejecutivo presentó la demanda de inconstitucionalidad

El verdadero problema de fondo es este: cuando un presidente peruano no tiene mayoría parlamentaria o no puede sostenerla, el Gobierno termina de manera abrupta. Los gobiernos democráticos de Bustamante (1945) y Belaunde (1968) terminaron en golpes militares. Fujimori se autogolpeó con ayuda militar y, tras ello, la Constitución de 1993 opta por una solución dolorosa, pero es la que hay: si no hay acuerdo entre poderes, prevalece el Ejecutivo. El voto popular restituye un nuevo Congreso. Ese fue el diseño de Chirinos y Torres, cuyos herederos políticos se niegan hoy a reconocer. Jamás, en 200 años, se concibió la vacancia presidencial “por incapacidad física o moral” (siempre referida al cuerpo, es decir mental) como un mecanismo de juicio político o revocatoria del mandato. Lo que el Congreso hizo con Vizcarra destrozó el esquema constitucional ante el silencio cómplice del TC. Ese tema, no resuelto hasta hoy, va a seguir explotando en la cara de cualquier presidente, así vayamos diez veces seguidas a elecciones. Necesita una solución definitiva.

¿Hay otras formas de superar este conflicto que ha desangrado a la democracia peruana por 80 años? Sí. En los regímenes parlamentarios, el Ejecutivo nace del Congreso y, por tanto, siempre tiene mayoría. Cuando la pierde, cae el Gobierno y se convoca a elecciones. Si no se logra, se vuelve a llamar a comicios. En los regímenes presidencialistas, hay elecciones a mitad del mandato parlamentario para que el pueblo dé mayoría o no al presidente. Nuestro sistema es un híbrido, presidencial atenuado, que podría funcionar si es que todas las partes se respetan. La Comisión de Reforma Política que presidió Fernando Tuesta propuso un esquema de elecciones parlamentarias a mitad de mandato. Ningún Congreso ha querido siquiera discutirlo.

PUEDES VER: Espinosa-Saldaña: Ponente que verá demanda de inconstitucionalidad será designado el martes 26

Nuestros políticos adolecen de infantilismo, de una inmadurez tal que ni siquiera son conscientes de que, al atentar contra el otro, alentando vacancias, atentan contra su propia sobrevivencia. Si no le dan curso a verdaderas reformas constitucionales que garanticen estabilidad política, el sueño de Cerrón será un paseo de niños al lado de lo que se puede venir tras un golpe de Estado y una asonada popular de un pueblo harto de tanto abuso y tanta trampa. No solo será el fin del capítulo económico de la Constitución, que tanta prosperidad ha traído a millones de peruanos, sino el triunfo de todas las formas autoritarias de gobierno en un país donde el desafecto por la democracia no hace sino crecer.

El presidente Castillo tiene muchas obligaciones incumplidas o muy mal ejecutadas. Se le juzga todos los días por ello y tendrá que asumir los enormes costos de su incapacidad para decidir. Pero no es facultad del Ejecutivo reformar la Constitución. Eso solo lo puede hacer el Congreso y su conducta es, hasta ahora, otro desastre.