En manos del Congreso
Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez con acusación constitucional.
La muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como los otros 78 heridos, producto de la desproporcionada respuesta policial a las marchas ciudadanas ocurridas en noviembre del 2020, apuntan a la existencia de responsabilidad penal por parte de quienes en ese momento ocupaban cargos estratégicos y tenían capacidad de decisión: el expresidente Manuel Merino, su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y el entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez.
Esa es la conclusión a la que ha arribado la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien ha planteado denuncia contra ellos por los delitos de homicidio doloso y lesiones graves y leves en calidad de dolo eventual.
Esta denuncia tendrá que ser procesada por el Congreso de la República, ya que tienen derecho —por ser funcionarios públicos de ese nivel— al antejuicio que tendrá que evaluar si se les levanta la inmunidad y los someten al proceso judicial regular.
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El sustento de la Fiscalía está determinado por dos piezas argumentales sólidas: tenían la responsabilidad y estaban a cargo. Los tres miembros del Ejecutivo tenían las atribuciones que determina la ley, pero también las responsabilidades que exige el puesto. Con información fehaciente y con el control sobre las fuerzas policiales, pudieron detener la violenta represión policial, y no lo hicieron.
Es más, el entonces director de contrainteligencia de la DINI ha declarado que Manuel Merino evaluó desplegar las fuerzas armadas para contener la movilización popular que terminó poniéndolo fuera de Palacio de Gobierno, en el que solo pudo permanecer 5 días. Una declaración de emergencia, como la que proponía Merino de Lama, hubiera sido la incitación a una mayor violencia y un mayor número de muertes.
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Ahora, el caso se tendrá que ver en el Congreso de la República, que según los dichos de la presidenta y correligionaria del señor Merino, María del Carmen Alva, “es el primer poder del Estado”. Esta posición de liderazgo que le ha querido dar al Parlamento ahora se tendrá que poner en evidencia, y exigir que se actúe, en este caso, con la responsabilidad democrática y en defensa de los intereses ciudadanos que tanto se pregonan.
Es de esperarse que el Congreso proceda con celeridad y que no acuda al blindaje ni al peloteo porque hay víctimas que lamentar y deudos que aguardan justicia.
