¿El enemigo está dentro?

En los últimos años, la política peruana ha mostrado enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que derivaron en la disolución del Congreso y la vacancia del presidente. Ahora, un escenario similar parecía probable, ante la polarización en la campaña y las denuncias no sustentadas de fraude electoral, con un Congreso con una reducida mayoría oficialista y una fortalecida alianza multipartidaria opositora.

Sin embargo, hoy los principales problemas para el Ejecutivo no provienen de esta complicada relación con el Parlamento, sino del propio gobierno y su partido. No se ve un norte claro sobre las prioridades que se busca impulsar. Tampoco hay un mismo enfoque para enfrentar los principales temas en agenda.

La ausencia de agenda clara y las miradas divergentes se hacen evidentes en diversos temas.

Uno es el vínculo con el terrorismo. Se rechaza en palabras, pero se mantiene en el gabinete a personas que no pueden –o les cuesta– hacer deslindes claros. Una oportunidad importante fue la muerte de Abimael Guzmán. El presidente emitió un breve mensaje por redes sociales, pero las declaraciones ministeriales no fueron todas en la misma línea. Incluso regular el destino de los restos fue un asunto que el Ejecutivo debatió y decidió no regular directamente (pese a anuncios de algunos de sus integrantes respecto de proyectos de ley y otras propuestas). Fue el Ministerio Público quien presentó la iniciativa normativa, que fue finalmente aprobada por el Congreso, con la oposición del partido de gobierno seguida –en aparente nueva contradicción– por una rápida promulgación y luego una adecuada puesta en marcha por el Ejecutivo tras la decisión de la Fiscalía.

Otro tema es la propuesta de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente. Anunciada por el presidente el 28 de julio, pero omitida en el discurso de presentación de la política de gobierno ante el Congreso. Según a quién se escuche en el gobierno, pasa de ser una prioridad a estar fuera de la agenda. De impulsarla, tampoco parece haber una decisión única sobre el mecanismo que el Ejecutivo emplearía: cambiar la Constitución para que se habilite expresamente la asamblea (vía reforma por Congreso o aprobación del Congreso más referéndum), o también recolectar firmas ciudadanas para consultar luego vía referéndum.

Las relaciones exteriores no están ajenas a esta polémica. Luego del viaje del presidente, la apuesta parecía ser por promover estabilidad y mantener buenas relaciones con los organismos internacionales y los países de la región. Las polémicas sobre Venezuela, innecesariamente públicas y con abiertos llamados a “dar pasos al costado”, tampoco contribuyen al unívoco enfoque que debe tener un gobierno en estos temas, bajo el liderazgo del presidente y la Cancillería.

La economía no escapa a esta circunstancia. Con un plan de gobierno con enfoque estatista, un sector del Ejecutivo ha trabajado para tranquilizar los mercados, descartar las expropiaciones, así como garantizar el respeto de la propiedad y la inversión privadas. Mientras que, desde otra esquina, se alude a renegociaciones y nacionalización de los recursos y a un rol más interventor del Estado en la economía. No hay aquí tampoco rastro claro sobre qué prevalece.

La falta de definición excede la anécdota y también los problemas de comunicación. El gobierno debe explicar qué piensa hacer y cómo, sin la multiplicidad de mensajes que solo llevan a la confusión, especialmente ante el silencio del presidente, el principal llamado a definir la línea que seguirá el gobierno. La ausencia de claridad genera especulación y mina la estabilidad que el país tanto requiere. Gobernar exige decisión, metas y prioridades. En estos días, las dificultades para este gobierno vienen más bien de casa.