Aprendiz de brujo literario

Al zarandear los nombres de una delegación de escritores a la Feria del Libro de Guadalajara, el ministro de Cultura ha lanzado una piedra sobre un avispero. La relación de enviados estaba establecida antes de que él llegara al cargo, y no había motivo alguno para modificarla. Pero al ministro le pareció una buena idea.

Los argumentos son dos: que puedan ir escritores del interior del país que no participaron antes, y que no vayan los que sí fueron enviados a anteriores versiones de la feria. Estaríamos, entonces, ante una suerte de medida orientada a la justicia cultural a partir de la territorialidad y la novedad. Un criterio más bien complicado.

Si el ministro (él mismo un escritor que, según entendemos, nunca ha sido invitado) simplemente hubiera ampliado la nómina original, no habría evitado reclamos, pero hubieran sido moderados. Pero desembarcar arbitrariamente a nueve prestigiosos escritores de esa primera lista raya en el escándalo, y son varios los escritores que han declinado del viaje a México en solidaridad.

Hasta ahora el Ministerio de Cultura ha sido el que ha decidido cuáles escritores representan al país y cuáles no. Es un procedimiento que puede sacar roncha, pero se entendía que los criterios de selección eran la calidad y/o la celebridad local. Esto puede ser modificado, pero no atropellando lo que ya estaba formalmente decidido.

Es verdad que en un país donde el Estado no les da realmente nada a los escritores este tipo de envío suele crear polémica. Todavía están frescas las quejas por la delegación que se envió a una feria similar en Bogotá. A unos no les gustó la lista de nombres, a otros no les gustó el gasto que eso suponía. Igual la presencia peruana fue un éxito.

Pero la solución a la polémica no es el maltrato. Tampoco lo es introducir, o añadir, en el proceso de selección criterios que no son estrictamente literarios. Eso puede evocar la práctica de dictaduras en las que solo participan en este tipo de viajes escritores que son oficialistas, o casi.

Quizás un ministerio no es la entidad idónea para tomar este tipo de decisión. ¿Pero cuál lo podría hacer mejor (la palabra misma se presta a discusión)?