Diego García Sayán

Diego García Sayán

Atando cabos
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.

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Más derechos humanos con el internet

“El acceso a redes informáticas, como se sabe, es socialmente desigual, pues las personas de escasos recursos suelen quedar fuera de ellas”.

Con el entorno a veces canibalesco de nuestra política, dentro del que, por ejemplo, el jefe de gabinete “pecha” públicamente al canciller y al propio presidente, parecería no haber sitio para hablar de políticas públicas ni para salir de un cortoplacismo gangrenoso. Con el pretexto de la “polarización” no muchos líderes políticos parecen mirar más allá de una agenda chata sin dejar sitio para estrategias de políticas públicas pendientes. Hay que hacerle sitio. Tercamente. Por ejemplo, para hablar de la agenda pendiente para que la ciudadanía tenga conectividad a través del Internet.

“El Estado garantiza el derecho de acceso a internet” se establece en un primer y positivo paso añadiendo esta norma a la Constitución. La modificación constitucional también incorporaría mandatos al Estado en materia de alfabetización digital ante la brecha digital existente. Sería destacable que se establezca esta obligación, ruta muy importante para acceder a otros derechos. La educación y la justicia, por ejemplo, pueden ser inaccesibles para muchos cuando faltan herramientas digitales apropiadas.

El acceso a redes informáticas, como se sabe, es socialmente desigual, pues las personas de escasos recursos suelen quedar fuera de ellas. La falta de un acceso a medios informáticos e Internet conlleva que muchas personas, incluso miembros de la profesión jurídica, se hayan encontrado, por ejemplo, en una situación de particular desamparo judicial a la hora de proteger o asegurar derechos. Una insuficiente cobertura geográfica y de acceso a la tecnología y la falta de capacitación por parte de operadores y usuarios afectan gravemente el ejercicio de derechos y, dentro de ello, el acceso a la justicia.

Superar esta brecha digital y hacer accesible el Internet a toda la población debería convertirse,así, entema esencial de las políticas públicas para que una modificación constitucional como la que se pretende no quede en el papel. Cuatro asuntos saltan como objetivos prioritarios; muchos de ellos están puestos en blanco y negro, con mucha claridad y precisión, en documentos recientes del Banco Mundial.

En primer lugar, establecer un sistema de identificación digital seguro y eficiente para toda la población. Eso dinamizaría las transacciones económicas y laborales dotando a todas las personas de herramientas de identificación utilizables por medios informáticos, sin desplazamientos físicos, colas ni pérdida de tiempo. Que RENIEC diseñe un plan viable al respecto es no solo esencial sino prioritario.

En segundo lugar, que el Estado proporcione incentivos tributarios y fiscales para impulsar inversiones. nes privadas y públicas, tanto para aumentar la oferta en banda ancha y 5G como para subsidiar el acceso a Internet y a 5G en los sectores más pobres incluyendo, por ejemplo, el intercambio de infraestructura. El costo de oportunidad es mucho más eficiente –y barato– que ampliar o mejorar la red de carreteras, objetivo que no se tendría que ver alterado. Generalizar el 5G en centros urbanos de primer y segundo nivel, de acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial costaría el 0,17% del PIB-anual. Mucho menos que los varios puntos porcentuales de las inversiones en transporte y energía.

En tercer lugar, la formación y educación masiva en habilidades digitales como una obligación esencial del Estado que “garantiza el derecho de acceso a internet”. Objetivo clave ya que apenas entre el 5%-15% de adultos en América Latina tiene habilidades informáticas, frente a casi 30% en los países de la OCDE. Se debe considerar la elaboración de materiales informativos accesibles y diferenciados para los grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

En este contexto es crucial que el Perú adopte medidas urgentes y sostenidas para cerrar la brecha digital que genera exclusión y afecta, entre otros derechos, el acceso a la justicia.

Post scriptum. Comparto mi profundo pesar por el sensible fallecimiento este martes 21 del Dr. Carlos Ramos Núñez, digno y correcto jurista y magistrado. Su partida deja un inmenso vacío en la fundamental justicia constitucional peruana.