Augusto Álvarez Rodrich.

Augusto Álvarez Rodrich.

Claro y directo
Economista de la U. del Pacífico –profesor desde 1986– y Máster de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Harvard. En el oficio de periodista desde hace más de cuatro décadas, con varios despidos en la mochila tras dirigir y conducir programas en diarios, tv y radio. Dirige RTV, preside Ipys, le gusta el teatro, ante todo, hincha de Alianza Lima.

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Otro torpedo a la libertad de expresión

Perú Libre sigue al ataque, mientras Castillo sigue silente.

Perú Libre presentó otra iniciativa para erosionar la libertad de expresión y, como con todas las acciones en la misma dirección, en tan poco tiempo, el presidente Pedro Castillo ha tenido en esto, como en casi todo, un silencio que lo vuelve cómplice del ataque a la institucionalidad democrática.

El proyecto presentado por Perú Libre pretende declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios, y la transmisión en el territorio nacional”.

La propuesta considera que los medios son “un servicio público de competencia de la nación”, cuya idoneidad debe ser “protegida y promovida por el Estado”. En casos de emergencia, sostiene, el Estado puede dictar medidas de obligatorio cumplimiento para los operadores, e incluso asumir el control total de determinadas actividades.

El Consejo Directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) —que este columnista tiene el honor de presidir— considera que la propuesta de Perú Libre constituye una amenaza directa a la libertad de expresión en el país.

Se trata de una iniciativa claramente inconstitucional pues considera que los medios son prestadores de un servicio público más, sujeto a regulación por el Estado, cuando la constitución brinda garantías para informar libremente, sin ninguna censura previa.

Implica un riesgo expropiatorio y pretende que el gobierno pueda controlar contenidos de los medios, como precisa IPYS, para limitar la crítica y fiscalización en nombre de una mayor pluralidad y diversidad de medios que se podría lograr sin violentar la constitución ni afectar la libertad de prensa.

Las actas del consejo de ministros revelan que Castillo es un decorado del gobierno, pero su silencio lo vuelve cómplice de los ataques a la libertad de expresión, mientras en la OEA aparece como defensor de la democracia.

¿Puede el presidente Castillo deslindar de este nuevo torpedo antidemocrático de Perú Libre? ¿Y podría suscribir la declaración de Chapultepec, que sintetiza los estándares democráticos para el funcionamiento de los medios, aun cuando se moleste Vladimir Cerrón, el que sigue cortando el jamón en este gobierno?

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