Rosa Palacios

Rosa María Palacios

Contracandela
Lima, 1963. Abogada por la PUCP y Máster en Jurisprudencia Comparada por la Universidad de Texas en Austin. Su área de especialización es el periodismo político y divulgación jurídica con más de veinte años de experiencia en televisión, radio y prensa escrita. Es docente de la PUCP en la facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

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Una tumba sin nombre

“Tenemos el deber social de recordar a las víctimas del delito de terrorismo. Es imposible hacerlo sin conocer al victimario”.

Dar sepultura es una obligación moral. No hay cultura o fe organizada que no tenga sus propios rituales. Despedir a los muertos, aunque no se pueda probar de utilidad para el difunto, es de enorme servicio a sus dolientes deudos. Pero la ceremonia del adiós no solo es parte de un duelo individual indispensable que busca consuelo y cierre. Un entierro, como bien saben arqueólogos e historiadores, también cuenta una historia. Deja una marca imperecedera para generaciones posteriores. Cuenta las grandezas de un sujeto y las de su tiempo para que sean recordadas. Sí, el cuerpo es mortal, parecen decir estos monumentos, la memoria humana es inmortal. Por el contrario, ¿qué pasa cuando el difunto es el peor enemigo de un pueblo? A lo largo de los siglos, para diversas sociedades, no bastaba con su muerte física. Su desaparición de la memoria era una muerte doble. Por ello, solo podía esperarlo una tumba sin nombre. Un lugar desconocido donde no hay homenaje ni recuerdo.

Abimael Guzmán murió en su celda el sábado 11 de setiembre a los 86 años con una infección generalizada producto de una neumonía. Todos vamos a morir. A esa edad, no fue ninguna sorpresa. Tampoco es sorpresa que el Estado peruano, que lo decide todo con el plazo vencido, no tuviera previsión alguna sobre qué hacer con el cadáver del más grande genocida de la historia republicana, que jamás reconoció culpa alguna y jamás se arrepintió de los ríos de sangre que hizo correr. La sorpresa estuvo en la lavada de manos, las reacciones y la instrumentalización del cuerpo que dejó ver el fustán escondido de los apetitos políticos de los vivos y de los vivazos.

El presidente Pilatos no quiso aprobar un decreto supremo que resolvía el asunto tal como lo planteó el ministro de Justicia. Cenizas y mar, fue la fórmula. El portal periodístico Epicentro dio cuenta del debate y votación en Consejo de ministros, el miércoles 15, que resultó adverso a hacer algo. El primer ministro Bellido lo negó todo. Mintió, “por no hacer mudanza en su costumbre”, como dijo el poeta. Dina Boluarte señaló que se discutió, pero no se votó formalmente. Ciro Gálvez reconoció hasta el voto. ¿Por qué el Ejecutivo no quería impedir un entierro regular que hubiera generado un lugar de culto? Castillo perdió, una vez más, la tremenda oportunidad de cortar, como cortó en los años ochenta Izquierda Unida (a un inmenso costo en vidas), con Sendero Luminoso. ¿Fue la presencia de Iber Maraví? No lo sabemos, pero los hechos son estos: incompetencia manifiesta o ideología encubierta, el Ejecutivo no quiso cargar con el muerto.

Por ley, es el Ministerio Público el que dispone de los cadáveres sin identificar o no reclamados. Pero sería un exceso calificar a Guzmán como NN. La fiscalía exigió un marco legal y no quedó más que recurrir al Congreso para obtener una ley, abierta a los casos futuros, que organice la disposición final de los cadáveres de terroristas condenados a perpetuidad. Fue en este escenario donde se aprobó la ley el jueves 16 con 70 votos de los 130 que conforman el Parlamento. Perú Libre y JPP votaron en contra o se abstuvieron. Entre otras excusas, querían que la ley incluya a Fujimori, cuyo caso no es ni parecido al de Guzmán pero que ha prendido todas las alertas del fujimorismo que, faltaba más, quiere un funeral del Estado para su futuro difunto. Castillo promulgó la ley el viernes 17. Si él no lo hacía, la firmaba Boluarte, encargada de la presidencia por el inminente viaje del presidente. Eso hubiera sido el remate final de su forma de gobernar: la indecisión como bandera.

Tenemos el deber social de recordar a las víctimas del delito de terrorismo. Es imposible hacerlo sin conocer al victimario. La memoria es indispensable para no repetir la tragedia, pero debe hacerse con verdad y sin apología alguna. El espectáculo de un gobierno y su bancada tratando de ocultar el pasado, minimizarlo o justificarlo no se repara con el verbo. No basta decir “condeno el terrorismo” si no haces más que ayudar a la exaltación de la figura de un criminal. Guzmán muerto y derrotado, ya no es nada, pero su cadáver es hoy un nuevo parteaguas en la política peruana.

Guido Bellido, Pedro Castillo