Unidos contra el terrorismo
Tres poderes del Estado actuaron coordinadamente para definir el destino del cuerpo de Abimael Guzmán.
El Ministerio Público, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo adoptaron decisiones que pudieron terminar con el limbo legal en el que se encontraba el destino final del cadáver del genocida más grande del Perú, Abimael Guzmán.
Las propuestas y proyectos de ley venidos del Ministerio Público y del Poder legislativo se unificaron y se aprobaron. En última instancia fue el Poder Ejecutivo quien terminó con el caso, promulgando con suma celeridad el proyecto de ley aprobado por el Congreso, la noche anterior.
En el caso del Congreso, la propuesta del Ministerio Público se transformó en un texto sustitutorio que se vio en la Comisión de Justicia y luego llegó al Pleno, donde obtuvo primero 70 votos a favor y luego 81 votos para exonerarse de segunda votación.
La norma señala que un fiscal tendrá que decidir el destino de los cabecillas terroristas y también quienes tengan condena con sentencia firme por traición a la patria. Luego de la necropsia de ley se tendrán 24 horas para proceder a la cremación y a la dispersión de los restos cremados “en tiempo y lugar de naturaleza reservada”.
El Poder Ejecutivo actuó con suma celeridad y la ley se promulgó en un cuadernillo especial de El Peruano, con lo que ya se trata de una decisión de necesario cumplimiento y que, además, llena un vacío legal para cualquier caso similar en el futuro.
Por lo tanto, la incineración espera a Abimael Guzmán, fallecido el sábado último en el centro de detención de la Base Naval. Debido al vacío legal existente, el cadáver fue reclamado por la esposa, mediante un hábeas corpus que fue rechazado, y luego se buscó designar a una representante para que formulara similar reclamo. Todos estos intentos se vieron frustrados por la esperada iniciativa coordinada de tres poderes del Estado.
Si la captura y posterior juicio a Abimael Guzmán fueron una prueba de la vigencia del Estado de derecho en el Perú, es evidente que ahora se ha tratado de un nuevo reto para la institucionalidad democrática y que el Poder Ejecutivo, el Poder legislativo y el Ministerio Público han usado en conjunto las armas de la legalidad.
