Rosa Palacios

Rosa María Palacios

Contracandela
Lima, 1963. Abogada por la PUCP y Máster en Jurisprudencia Comparada por la Universidad de Texas en Austin. Su área de especialización es el periodismo político y divulgación jurídica con más de veinte años de experiencia en televisión, radio y prensa escrita. Es docente de la PUCP en la facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

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¿Dónde se fue el Estado?

“Dilatar la expedición de documentos a un ciudadano como el DNI o el pasaporte, o negarle su capacidad de participar en actos jurídicos por no estar vacunado (cuando sí lo está) viola los derechos constitucionales...”.

¿Necesita un DNI? Entre a la web de RENIEC y espere que le den una cita. Pero no hay citas. Usted espera, vigila. Si se despierta de madrugada, tal vez, se abre un espacio y lo logra. Se distrae un minuto, se fue la cita. Empieza la vigilia otra vez.

¿Necesita un pasaporte y tiene la desgracia de vivir en Lima? No hay citas. Para nunca. Ni para alguna fecha lejana. La web dice que no hay. Y, aguante. Con suerte, para octubre consigue en Piura. Para noviembre, tal vez Arequipa. Acampe 24 horas antes de viajar en el aeropuerto con su boleto aéreo. Espere unas 12 horas, con suerte. Pero el sistema “se cae” y usted no se embarca, su prueba covid-19 ya no sirve y nadie le repara las pérdidas.

¿Se vacunó en otro país y se registró en la web del MINSA con todo civismo, para que su vacuna se use en otro peruano? Su registro no aparece en la web de “pongo el hombro” y le insisten en que vaya a ponerse una vacuna que no necesita, contra las indicaciones del fabricante. Luego, un ministro anuncia que los no vacunados, muy pronto, perderán ciertos derechos y de remate el viceministro de Salud nos informa que MINSA no va a reconocer la vacunación de peruanos en el exterior. “No nos consta”, dice, como si no supiera que sí se extienden documentos en el exterior.

SUNARP tarda dos a tres meses en un sencillo trámite de declaratoria de herederos (en un país que tiene 200,000 muertos en pandemia) y todos sus plazos dependen de la arbitrariedad del funcionario. El calvario en la Dirección General de Migraciones no se reduce a los pasaportes. La tortura burocrática a los migrantes parece no tener fin. Y si de empresas públicas se trata, basta ver la actuación de SEDAPAL en San Juan de Lurigancho. Un problema de más de dos años, sin solución a la vista, con daños terribles a la salud y vida cotidiana de cientos de familias.

No entramos a hablar, ya casi sin esperanza, de los servicios básicos que el Estado tiene la obligación de prestar: salud (que nunca llegó a miles cuando se necesitó), educación (que no abre), justicia (de lentitud extraordinaria) o seguridad (donde el vecino es el que se la provee a sí mismo con sus rejas). Todas las campañas prometen y poco se hace. Necesitaría el periódico entero solo para repasar las cifras más saltantes del pésimo servicio que recibimos. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre trámites impuestos por el Estado para realizar los actos básicos de convivencia social.

El RENIEC y la Dirección General de Migraciones tuvieron una larga temporada, en los años prepandemia, en la que prestaron un buen servicio. ¿Qué pasó? Sus voceros dicen tener una sobrecarga de trabajo pospandemia. Pero abrieron a mediados del año pasado. Un año después, ¿no pueden arreglarlo? El MINSA tiene las vacunas y la capacidad de vacunar, ¿no puede organizar una sola web antes de arruinarle la vida a unos 100,000 vacunados en el exterior? Solo han declarado vacunación en el extranjero unos 20,000 peruanos, por el terror de sufrir represalias administrativas, como las que se empiezan a mostrar.

No todo es culpa de un gobierno de 40 días, pero las cosas solo parecen agravarse. Dilatar la expedición de documentos a un ciudadano como el DNI o el pasaporte, o negarle su capacidad de participar en actos jurídicos por no estar vacunado (cuando sí lo está) viola los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la dignidad humana, al libre tránsito y a la identidad propia. Solo para empezar, deberían llover acciones de amparo contra este abuso sistemático y manifiesto que se extiende ya por meses, sin ninguna solución a la vista.

Lamentablemente, somos buenos para soportar el abuso. No debería ser así. ¿Alguien se anima a sublevarse contra un Estado ausente pero exigente?