Raúl Tola

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Entre dos fuegos

“El gobierno y el Congreso afilan sus armas. Se viene una temporada de conflicto tan violento –quizá más– como el que hemos vivido en los últimos cinco años...”.

Las prioridades de los distintos actores de nuestra clase política han quedado claras esta semana. Las del gobierno eran obvias desde el comienzo, y están íntimamente relacionadas con los caprichos y devaneos de Vladimir Cerrón, que no entiende el poder político como un instrumento para obtener el bien común, sino para imponer sus peores fantasías, satisfacer sus obsesiones y aplacar su insaciable narcisismo.

Es lo único que puede explicar que el gobierno no haya hecho coincidir sus primeros esfuerzos con las urgencias inmediatas de un país arrasado por la pandemia y azotado por la crisis económica. En cambio, los ha destinado a la consolidación del proyecto de Cerrón, un delirio autoritario que pretende la «refundación» del país e incluye la implantación de una asamblea constituyente o la creación de una policía paralela. El nombramiento de un gabinete de ministros como el que encabeza Guido Bellido –pensado para provocar a la oposición en vez de gestionar las necesidades nacionales– es una de las múltiples maniobras de este juego ofuscado y estéril, que parte de una equivocada evaluación de las fuerzas propias y está condenado al fracaso.

Desafortunadamente, los primeros movimientos del Congreso no permiten prever una actitud distinta. La conformación del cuadro de comisiones muestra a una oposición armándose para la guerra, con nombramientos tan desatinados como el de José Luna Gálvez –que estafó a miles de alumnos con la universidad Telesup– en la presidencia de la comisión de Defensa del Consumidor. El de Alejandro Aguinaga –beneficiado con su esposa en el caso «vacunagate», por el que Martín Vizcarra fue inhabilitado para ejercer cargo público– en la presidencia de la comisión de Fiscalización o el de la controvertida Patricia Juárez en Constitución.

A eso hay que sumar las primeras medidas del pleno: el establecimiento de una comisión investigadora para los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, en los que despachó fuera de Palacio de Gobierno, y de otra para determinar si en las últimas elecciones hubo irregularidades que condujeran al fraude que denunció Fuerza Popular. De paso, quedaron al voto una moción de interpelación al canciller Héctor Béjar, que seguramente será la primera de muchas, y otra para declarar a Evo Morales persona no grata al Perú.

El gobierno y el Congreso afilan sus armas.

Se viene una temporada de conflicto tan violento –quizá más– como el que hemos vivido en los últimos cinco años, que se saldará con la derrota total de alguno de los dos poderes del Estado y el perjuicio de un país postrado y desalentado. Nada cambia en el Perú, donde la confrontación se ha convertido en la única manera de hacer política.