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Gobierno desde los emergentes

“Hay por lo menos un ministro que fue expulsado del sector público por inconducta, deslegitimado para liderar, eso se tiene que corregir”.

Por Liliana la Rosa, decana Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú.

A diez días de la instalación del nuevo gobierno, la intolerancia azuza vacancia y no da tregua a las fuerzas políticas y sociales que ganaron las elecciones en base a la esperanza de millones de ciudadanos que votaron por cambiar el país desde los emergentes, sorprendiendo los poderes tradicionales.

Economía y salud son las prioridades, extrañamente hay sectores que exigen continuidad en las políticas olvidando que estas nos llevaron a ser uno de los países en el mundo donde hay más fallecidos por COVID -19 por cada millón de habitantes–, nos llevaron a tener escasa población protegida con la vacuna y produjeron una oferta de primer nivel de atención con 97% de servicios en condiciones inadecuadas. Ciegos ante la burocracia instalada por décadas que se encarga de mantener el statu quo, ciegos ante las redes de corrupción y desconociendo el legítimo interés de gobernar que tienen los que ganaron las elecciones, están tirando el agua con el niño y se suman a las voces que generan desconfianza en la reactivación económica, incremento del presupuesto en salud, vuelta al colegio con protección, cambio de estrategia de la vacunación, implementación de políticas de seguridad alimentaria y bonos a los más vulnerables.

Ciertamente, la designación de ministros y viceministros es un acto político sustantivo, muestra la gente con la que se ejerce el poder. Hay por lo menos un ministro que fue expulsado del sector público por inconducta, deslegitimado para liderar, eso se tiene que corregir. Es muy grave que no exista equidad de género, esperemos que esto se supere con la designación de viceministras. Por primera vez en la historia tenemos no solo técnicos sino líderes sociales populares como ministros, esta es una buena noticia siempre que sumen a sus equipos a expertos en gestión pública que muevan el Estado en función de las promesas de cambio.