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La responsabilidad de la crítica

“El problema con el ministro, el señor Falla o el señor Falconí no es que sean andinos o plebeyos. El problema es que representan lo que debemos combatir...”.

El Gobierno de Castillo puede ser la oportunidad para mostrar que es posible una manera de gobernar que privilegie el interés nacional sobre el privado; construyendo un Estado al servicio de la ciudadanía, que promueva desarrollo y recupere soberanía. Pero puede también ser lo contrario: un candado para aspiraciones de justicia social. De fracasar, por errores voluntarios, será el ejemplo usado por la derecha más rancia en una nueva narrativa contra opciones de cambio, pues se podrían asociar a la improvisación, la ineficacia y, peor aún, la corrupción.

Es esa la razón por la que el pensamiento crítico no debe ser silenciado,

menos aún bajo el argumento facilista de justificar lo injustificable porque si no se le estaría haciendo el juego a la ultraderecha. Pero hacer una crítica y exigir que se corrija el camino emprendido no quiere decir que se abraza la bandera de la vacancia o peor aún que se crea que la opción fujimorista era mejor. La crítica, a diferencia de la destrucción, debe buscar el rescate de la oportunidad que se ha abierto y cuidar las legítimas aspiraciones de justicia.

El presidente del partido Perú Libre actúa como si no entendiera esta diferencia. Pero la entiende.Empaqueta cualquier crítica al gabinete Bellido como una expresión del mundo criollo que expresa una identidad de clase que no acepta la incorporación en el Estado peruano de representantes del mundo andino y plebeyo. El argumento es un silogismo.

Es más que sano para el Estado peruano que la argolla tecnocrática limeña, que se ha amoldado a una visión política, se rompa. La incorporación de nuevos cuadros, que abran el debate programático y amplíen las visiones del país, es urgente. La diversidad es fundamental para construir políticas públicas.

Pero esta necesidad, así como el legítimo derecho del partido ganador en las elecciones de gobernar, no son argumentos que otorguen licencia para colocar funcionarios que no cumplen con requisitos mínimos o que están asociados con malas prácticas, informalidad y corrupción.

Como ejemplo está el Ministerio de Transportes. Cuyo titular exhibe multas por transporte informal. Que nombró a Falla, dueño de la empresa que aprobó la revisión técnica del camión de gas causante de la deflagración que mató a 34 personas en Villa el Salvador. Y que tiene como jefe de gabinete a Falconí, descalificado para formar parte de la Junta Nacional de Justicia por sus llamadas con el señor Hinostroza, cabecilla de los Cuellos Blancos. Se añade a su historial, oposición expresa en el congreso a la creación del tipo penal de Feminicidio por considerarlo innecesario.

El problema con el ministro, el señor Falla o el señor Falconí, no es que sean andinos o plebeyos. El problema es que representan lo que debemos combatir desde el Estado para garantizar que esté al servicio del interés general.