Cecilia Méndez

Cecilia Méndez

Chola soy
Dra. en Historia por Stony Brook University y Lic. por la PUCP. Prof. Historia y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de California-Santa Barbara. Autora de La república plebeya, Incas sí, indios no. Ver más: https://www.history.ucsb.edu/faculty/mendez/

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¿Libertad de expresión o libertad de destrucción?

“No es difícil imaginar titulares y desenlaces muy distintos si los perpetradores de la violencia hubieran sido los partidarios de Castillo”.

Dicen que defienden la democracia, se arropan en escudos y banderas nacionales, pero son lo más parecido al terrorismo que hemos tenido desde Sendero Luminoso. Ya no son la DBA, son la DBVA: Derecha Bruta, Violenta y Achorada. Si Sendero empezó su guerra dinamitando ánforas electorales en Chuschi, ellos buscaron dinamitar los votos rurales en un territorio más vasto con recursos legales de dudosa legitimidad, aduciendo que “en las serranías llenan las ánforas a su antojo”. El mismo desprecio que los jerarcas del PCP-SL sentían por los campesinos, “la masa”, “los indios”. Y por ello, ahora la Señora K añade un delito más a su ya abultado prontuario: atentar contra el derecho al sufragio, que se suma a los cargos de ser jefa de una organización criminal, lavado de activos, falsa declaración, obstrucción a la justicia, por los que el fiscal ha pedido treinta años de cárcel. Sorprenderá siempre que los órganos electorales no pusieran objeción alguna a su candidatura.

Si Sendero hizo listas negras con los nombres de las personas que amenazaban de muerte, y ejecutó a muchos en “ajusticiamientos púbicos”, la DBVA pide públicamente la muerte de contrincantes políticos, mientras un “periodista” aliado aparece en TV de señal abierta, en vivo, con pistola en mano, amenazando a un ministro de Estado. ¿No va a decir nada el IPYS (Instituto de Prensa y Sociedad)? ¿Acaso considera que pronunciarse sería “objetar la línea editorial periodística” de este medio, o un acto intimidante contra la “libertad de expresión” como le endilgó hacer al presidente electo, Pedro Castillo, a propósito de una denuncia que este elevó ante el MTC contra Willax para que este medio se ciñera al código de ética al que está obligado por ley? ¿El uso sistemático de la calumnia, la desinformación y las noticias falsas pueden considerarse una “línea editorial”? ¿No son más bien atentados contra la libertad de expresión y el derecho a la información?

¿Por qué tanta benevolencia con un “periodismo” que usa las señales radioeléctricas, que son de propiedad de todos, para campañas de desinformación como en los peores tiempos de la dictadura fujimontesinista? Como bien ha dicho el especialista en comunicación Eduardo Villanueva: “Hay una diferencia muy grande entre hacer prensa parcializada, en tomar partido por un candidato, pero reconocer que existe la realidad (…) versus (…) negar los hechos (…). Eso es propaganda (…). Eso es lo que hacía la televisión soviética, eso es lo que hace Granma en Cuba [y] China Daily en China. Para ellos el mundo no existe, lo que existe es el mandato del partido. Y es lo que han hecho América [TV], y El Comercio. Han sido órganos de propaganda dignos de un país comunista”. No deja de ser irónico que estos mismos medios hayan hecho su campaña electoral “contra el comunismo”. De hecho, en el Perú es al parecer la gran empresa privada, y no el Estado, la que busca imponer un pensamiento único, como lo ejemplifican, además, las tácticas con las que varias de ellas buscaron coaccionar a sus trabajadores para que votaran por Fujimori. ¿Y el Ministerio de Trabajo dijo algo?

La ola de violencia promovida por la DBVA se inició hace un par de meses con el llamado público a la muerte de Castillo y Cerrón por parte del excandidato López Aliaga. Pero ha ido in crescendo después del 6 de junio, en que fueron conscientes de su derrota electoral. Llamados abiertos al golpe de Estado, ataques físicos a partidarios del otro bando, hostigamiento físico y verbal a periodistas, personajes públicos, altos funcionarios electorales, han sido seguidos de ataques físicos a dos ministros de Estado, y un intento vandálico de invasión del Palacio de Gobierno, sin que hubiera un solo detenido. No es difícil imaginar titulares y desenlaces muy distintos si los perpetradores de la violencia hubieran sido los partidarios de Castillo.

Nuestra democracia ha dado pruebas ejemplares de resiliencia en un proceso electoral atacado por intereses privados poderosos, gracias a funcionarios correctos y a una ciudadanía activa. Pero la ola de violencia promovida por la DBVA exige ser respondida con mayor firmeza para asegurar una transición pacífica al nuevo gobierno. Sería un grave error esperar el primer muerto para actuar con energía.