Diego García Sayán

Diego García Sayán

Atando cabos
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.

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Asamblea Constituyente: ser o no ser

“Cuya conveniencia/oportunidad y características deben ser materia de cuidadoso análisis para no debilitar la gobernabilidad, sino fortalecerla, en un contexto polarizado...”.

El gobierno de transición de Valentín Paniagua ha sido el único, en los últimos veinte años, que abordó el tema de reforma constitucional de manera integral y propuso una estrategia al respecto. Hagamos un poco de historia recordando algunos hechos importantes sobre cómo se trató este tema, que me tocó ver de cerca al desempeñarme como ministro de Justicia por invitación del propio Paniagua y de Javier Pérez de Cuéllar.

A fines del año 2000 la democracia se restauraba, pero con una Constitución (la de 1993) cuestionada desde diversos sectores, tanto por su origen como por su contenido. Atada en su génesis a la autocracia y a la corrupción, el gobierno de transición abordó el tema haciendo una gran convocatoria.

El gobierno me encargó encabezar una comisión plural que analizara el tema y propusiera al país unas “Bases para una Reforma Constitucional”. Se convocó a 28 juristas de diferentes corrientes de opinión y se invitó a la ciudadanía para que alcanzara propuestas. La integraron, entre otros, Domingo García Belaunde (vicepresidente de la Comisión), Javier de Belaunde, Samuel Abad, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, Jorge Danós, Javier Alva Orlandini, Carlos Fernández Sessarego, Raúl Ferrero Costa, Beatriz Merino, Jorge Santistevan y Sigisfredo Orbegoso. Luego de un trabajo muy intenso, incluidas las sugerencias de decenas de instituciones y personas, se preparó un informe con recomendaciones. Todo fue resuelto por unanimidad en la comisión y en un ambiente muy constructivo. Se avanzó en explicitar cuatro ejes sustantivos: vigencia de los derechos humanos, economía social de mercado, régimen presidencial atenuado y fortalecimiento de las instituciones de control.

Y se plantearon tres opciones para la reforma constitucional. La asamblea constituyente (AC) fue una de ellas. Las otras dos: a) declarar la nulidad de la Constitución de 1993 y poner en vigencia la de 1979; b) utilizar los mecanismos de la Constitución de 1993 incorporando el texto de la de 1979 con actualizaciones.

La opción de la AC pasaba por un previo referéndum, a partir de una ley de referéndum ad hoc, para decidir en él convocar –o no– una AC para una modificación total de la Constitución. Esta recomendación tomaba en cuenta los derechos establecidos en los artículos 31 y 32.1 constitucionales en los que por referéndum se puede abrir el camino de una reforma parcial o total de la Constitución. Una sentencia posterior del Tribunal Constitucional (0014-2002-PI/TC) reafirmó la constitucionalidad de esta “tercera alternativa”. Esto ha sido escrupulosamente analizado por el constitucionalista Luciano López Flores.

La discusión que hay que dar ahora no es, entonces, sobre la constitucionalidad o no de un referéndum para la modificación total de la Constitución vía una AC. Eso está claro y en ello concurrieron todos los constitucionalistas el 2001 y luego el TC.

La cuestión ahora es más bien sustantiva: si los cambios constitucionales indispensables podrían ser hechos o no en el Congreso (art. 206 de la Constitución sobre modificaciones parciales). Y las ventajas/desventajas de la otra opción, una asamblea constituyente. Que no es inconstitucional, pero cuya conveniencia/oportunidad y características deben ser materia de cuidadoso análisis para no debilitar la gobernabilidad, sino fortalecerla, en un contexto tan polarizado como el actual.

Recordar esta historia, en este país de desmemoriados, es importante. Mientras unos satanizan con furor una constituyente, como intrínsecamente “chavista” o “comunista”, no deja de ser una paradoja que concurran en ello muchos a los que la idea antes les pareció factible. Y que, a la vez, en este entorno tan difícil saboteen arteramente, con maniobras de tinterillos, el proceso de transferencia gubernamental.

Adendum. - Cuba: la protesta es un derecho fundamental y se tiene que respetar. Más aún ante los padecimientos de la población fruto de la ineficiencia gubernamental y la falta de libertades, agudizado todo por el inmoral bloqueo.