El reto de la seguridad en el Bicentenario

Por Mariano González

La coyuntura política que vivimos actualmente ha propiciado que temas importantes para la sociedad pasen a un segundo plano en la agenda diaria. El aumento de la inseguridad, la delincuencia y los conflictos sociales han sido siempre el mal que preocupa al ciudadano y que, sin embargo, no viene siendo un tema prioritario.

El actual gobierno, al tener una naturaleza transitoria, no cuenta con el tiempo ni la legitimidad suficiente para emprender las reformas necesarias e implementar las políticas de gobierno frente a esta problemática. Esta tarea queda pendiente para quien asuma la dirección del país este 28 de julio y para quien dirija el sector Interior, una cartera que deberá ser manejada con la destreza política suficiente, en medio de este escenario de alta crispación política.

En ese sentido, los retos que se le vienen al próximo gobierno de izquierda son muchos; pero existen particularmente tres puntos clave que resolver como prioridad:

Primero, la garantía de la paz social y la gobernabilidad, a través de la prevención y el manejo articulado de conflictos sociales, basando la respuesta policial en la protección de los derechos humanos.

El eficiente manejo de la crisis de Lomo de Corvina en abril nos ha mostrado que la respuesta policial puede darse bajo el principio de autoridad y haciendo uso adecuado de la fuerza, cosa que dista de los hechos acontecidos durante noviembre del 2020 y en el paro agrario. Este reto supone que la gestión de conflictos incluya un enfoque preventivo y participativo priorizando la defensa de los derechos humanos y los derechos sociales. El objetivo es recuperar la confianza y ganar aliados estratégicos para la gobernabilidad y la paz social. En este contexto, un futuro gobierno de Pedro Castillo parte con la ventaja de haber surgido desde las organizaciones de base y eso contribuiría a que el nuevo gobierno se legitime.

El segundo punto a tomar en cuenta es la lucha contra la delincuencia y crimen organizado. Un problema que a diario cobra víctimas en nuestro país, y que, al contrario de mejorar, cada vez actúa con más violencia. Según el último informe del INEI, que comprende el periodo de noviembre del 2020 hasta abril del 2021, el 12% de peruanos mayores de quince años fueron víctimas de robos con arma de fuego en zonas urbanas. Para esta situación, la articulación de los diferentes servicios de serenazgo, el trabajo unificado con las organizaciones sociales de base (rondas campesinas y urbanas) y actualización legislativa en temas de seguridad, ayudarán a mantener un sistema de alerta y respuesta ordenado y eficaz.

Por otro lado, necesitamos contar con una policía moderna y eficiente, dedicada a las labores de prevención, seguridad y lucha contra la delincuencia. Además, fortalecer a los grupos especiales de inteligencia y promover la implementación de megaoperativos contra las bandas criminales. Las labores administrativas deben estar sujetas a un régimen civil de funcionarios especializados en esta área. La policía debe estar dotada de lo necesario para cumplir con su rol.

Por último, la lucha frontal contra el narcoterrorismo y los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem. A casi 30 años de haberse derrotado a Sendero Luminoso, el Vraem sigue siendo una zona convulsionada donde campea el narcoterrorismo. Es necesario que el Estado se replantee la estrategia en el corto plazo, promoviendo el trabajo intersectorial orientado al desarrollo social y reformulando sus estrategias de inteligencia en la zona.

El próximo gobierno tiene la oportunidad de convertirse en una administración que escuche de manera correcta la principal preocupación de los peruanos. La seguridad debe ser una de sus prioridades y así lo deben mostrar desde el día uno al mando del país.