¡Haití, ahí vamos!

Moïse, presidente de Haití, fue asesinado en su casa. Alertó de que intentarían matarlo. Joseph, canciller y primer ministro interino, ha declarado el estado de sitio al mando de las Fuerzas Armadas. En sus declaraciones ha pedido a “todas las fuerzas vivas de la nación acompañarnos en la batalla, a acompañarnos en la continuidad del Estado”.

Sí, está en juego la propia continuidad del Estado. Podría romperse de tal manera la confianza social que se diluirían las bases de las instituciones democráticas. Recordemos que estas funcionan únicamente si hay legitimidad. Si no existe, retrocedemos a las acciones privadas de colectivos, con base en la desconfianza. A la acción de tribu negando lo que nos permite constituirnos en una comunidad política.

La clase política haitiana, en conjunto, ha llevado a su país a una situación de desgobierno dramática. Ni siquiera queda claro si se permitirá que algo así como “un gobierno” llegue hasta setiembre, en que están convocadas elecciones. Joseph ya ha sido cuestionado. La semana pasada el presidente Moïse habría nombrado a Henry en el cargo de primer ministro, aunque no llegó a ser investido. Ahora reclama ser quien dirija el gobierno.

Esta situación podría resolverse si el Congreso eligiera a un reemplazo de Moïse. Pero en Haití no hay Congreso, cesó en sus funciones en el 2020 y aún no se elige uno nuevo. Si a esta crisis política le sumamos las precarias condiciones sociales y económicas en las que están desde el terremoto del 2010, donde murieron más de 200 mil personas y del que nunca pudieron recuperarse, tenemos un Estado fallido.

Esta realidad, aún lejana, muestra similitudes preocupantes con el proceso peruano. Estamos cerrando de mala manera un quinquenio convulsionado políticamente. Arrancó con una guerra declarada por la Señora K a PPK. Las pugnas entre el legislativo y el ejecutivo nos llevaron a tener tres presidentes, cuatro si sumamos al ocupante precario de palacio tras el golpe parlamentario. Dos congresos, uno disuelto por pretender elegir de manera poco transparente a los magistrados del TC y otro que hace dos días decidió desacatar un mandato judicial para seguir con la elección de magistrados, poniendo en tensión la relación entre el legislativo y el judicial. Los congresistas que desacataron la medida cautelar han cometido un delito flagrante.

Ese parlamento ayer buscaba “leguleyadas” para llamar a una nueva votación “saltando” el plazo de la medida cautelar. Ayer la perdedora de las elecciones decía que aceptará resultados solo si hay auditoría previa. Y un grupo de seguidores de López Aliaga declaraba presidenta a Fujimori y que “ningún costarricense, ni lagartos, ni gente de porquería lo va a impedir”.

No, no somos un Estado fallido. Pero nuestra clase política parece empeñada en llevarnos hacia allá.