Pesos y contrapesos

El Congreso actual que ya tiene el reloj en cuenta regresiva ha decidido no atender una suspensión temporal ordenada por una jueza constitucional del proceso de elección de magistrados del TC, y según el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces, proseguirá con el proceso conforme lo tenía previsto.

Como era de esperarse, hay quienes aplauden la postergación al señalar que se trata del uso democrático de los pesos y contrapesos entre poderes del Estado y voces disonantes que consideran la decisión judicial como una interferencia inaceptable de poderes. Parece esta última una lectura interesada y desproporcionada de un acto judicial que se ha repetido en varias ocasiones en el Perú.

Ya anteriormente el Poder Judicial ha emitido disposiciones dirigidas al Congreso y acatadas por este. Cuando se investigaba al expresidente Alan García, el Poder Judicial decidió que su caso debía ser investigado en otra instancia, y el Congreso cerró la comisión investigadora ad hoc presidida por Sergio Tejada y se allanó a la decisión. En el caso de Javier Ríos Castillo, el Congreso optó por acatar la decisión judicial y suspendió su nombramiento como miembro del TC.

Son experiencias cercanas y concretas que en su momento se debatieron, pero que no alcanzaron el nivel de protestas actuales. Cabe anotar que el tercer juzgado constitucional transitorio ordenó la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, programada por el Congreso saliente para los días 7 y 8 de julio, sin afectar el fondo, es decir, el derecho de los parlamentarios a definir quiénes conformarán el máximo organismo de interpretación constitucional.

La medida cautelar, a pedido del abogado Walter Ayala, según dispone la jueza Soledad Blácido Báez, está sustentada en el proceder de la comisión que entrevistó a la terna de candidatos al TC, por adolecer de legitimidad para hacerlo y por enfrentar conflicto de intereses. La jueza exige transparencia y sustento de la motivación para las calificaciones.

Es indudable que la elección del máximo tribunal de interpretación constitucional requiere de una representación nacional que tenga mayor respaldo ciudadano y que garantice transparencia y equidad, además de impedir toda posibilidad de interferencia política. Este es un Congreso de salida que en noviembre pasado no pudo sacar adelante el proceso exprés que ahora está empujando porque la protesta ciudadana se lo impidió.

Este mecanismo de pesos y contrapesos tendrá que ser valorado, así como la legalidad de lo que acuerde el Congreso. La posición expresada por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, es un respaldo a la autonomía de los jueces y a sus decisiones jurisdiccionales. El actual Congreso deberá decidir entre la razón y la rebeldía, cuando le quedan escasas dos semanas de permanencia en el cargo.