Derecho a errar es innovar

Francisco Sagasti identificó como una de las mayores limitantes para actualizar el Estado peruano a las demandas de un país pospandemia; la ausencia de espacios para la innovación en base al ensayo y error. Peor aún, sugirió que la burocracia nacional está privada del privilegio de aprender en base a los fallos, porque ese es un lujo muy esquivo.

Las palabras de Sagasti durante su intervención en el cierre del evento virtual la “Economía peruana: la agenda pendiente tras el bicentenario” no son solo wishful thinking. La innovación no implica solo ideas, sino poder político y recursos de cómo se organizan los actores clave para abordar un problema.

Y los inconvenientes del sector público son “problemas perversos”. Es decir, son asuntos basados en una gran incertidumbre. Además, abordar una cuestión pública es un proceso político a través del cual una sociedad identifica y nombra un problema que contiene hechos, ideas, valores, teorías e intereses.

Por eso, el aprendizaje en la arena de la política es clave. Y más relevante la posibilidad de errar. Esa opción se facilita cuando existe un marco adecuado que prepara las estructuras para la capacidad de anticipación que le da tanto sentido a lo desconocido en el presente.

Ese marco acaba de ver la luz con la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti); norma con la cual Francisco Sagasti cierra un proceso virtuoso en el país, que se orienta a colocar la innovación tecnológica en la agenda nacional, pero mejor aún, en convertirla en el basamento que puede fundar los grandes cambios pospandemia.

La ley del Sinacti es un logro para el Perú y el broche con el que uno de los mayores expertos en el tema cierra un gobierno retador, colocando la “pica en Flandes” de una nación de cara a su futuro.