Nuevas facultades para la Contraloría

Por Luis M. Iglesias León (*)

Hace unos días el Congreso dio un importante paso a favor de la lucha anticorrupción al publicar la Ley 31277 que transfiere a la Contraloría General de la República -CGR- la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses (DJI) de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. Esta norma está llamada a convertirse en uno de los pilares de la labor de control de la CGR sobre la administración pública.

El sentido de la ley queda en claro desde su primer artículo al disponer expresamente que las DJI dejan de estar a cargo de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM -al derogar el Decreto de Urgencia 020-2019-, siendo obligatorio para todos los funcionarios a presentarla directamente al Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses de la CGR, lo que garantizará una mayor autonomía e independencia en el control, fiscalización y sanción de la DJI, de conformidad con el artículo 82º de la Constitución y de los principios constitucionales de lucha contra la corrupción, transparencia y buena administración.

La Ley 31277 marca tres diferencias sustantivas con el DU 020-2019: faculta a la Contraloría a controlar y sancionar todo lo relativo a la DJI, incluyendo a casi todos los funcionarios y servidores públicos; amplía el contenido de las declaraciones juradas con información del cónyuge o conviviente, lo que permite una mejor identificación de presuntos conflictos de intereses; y, tercero, obliga no solo a los funcionarios o servidores del Estado, sino que incluye a los candidatos a cargo de elección popular, miembros del TC y la JNJ, defensor del Pueblo y contralor general, ministros y viceministros, presidente y directores del BCR, jefes del Reniec y Onpe, al superintendente de Banca, Seguros y AFP, de Aduanas y Administración Tributaria, jueces y fiscales de todos los niveles, entre otros.

De esta manera, el control de los posibles conflictos de interés no solo tendrá un carácter posterior, como viene siendo hasta ahora, sino también preventivo, lo cual es un avance central para evitar que personas que hayan incurrido o de las cuales se sospeche estén involucrados en hechos de corrupción lleguen a ejercer un cargo público con decisión sobre recursos del Estado.

Este control preventivo se refuerza además en el artículo 9º de la ley, el cual faculta a la CGR para promover, en coordinación con la oficina de integridad institucional o la que haga sus veces, acciones para la prevención y mitigación de los conflictos de intereses.

Así, la nueva norma precisa que los procedimientos de revisión y fiscalización de la DJI tendrán por objeto determinar si los intereses declarados por el sujeto obligado son compatibles con el ejercicio de sus funciones, pudiendo ejercer los servicios de control y otros relacionados que correspondan para la identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales, conforme a las normas vigentes aplicables.

Como puede apreciarse, la Ley 31277 contiene disposiciones sumamente importantes dirigidas a fortalecer la labor de control de la CGR, las que se suman a las facultades que ya tiene respecto de otros instrumentos similares, como son las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (DJIBR), regulada a través de la Ley 27482, en consonancia con los artículos 40º y 41º de la Constitución.

De esta manera, la norma que comentamos fortalece la labor de control de la CGR en su tenaz lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, y como bien lo ha reiterado el contralor general, se convierte en un instrumento más que coadyuva a fortalecer la institucionalidad democrática del país en la esperanza ciudadana del bien común y el bienestar de nuestros ciudadanos. Ese es el reto.

(*) Secretario general de la Contraloría General de la República