Un sablazo a Fuerza Popular

La felicitación del Departamento de Estado a las autoridades peruanas “por organizar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas” y que “estas últimas elecciones representan un modelo de democracia en la región” le quita el piso a la teoría de fraude del fujimorismo. El pronunciamiento ofrece también una suerte de carta de garantía a las instituciones del Poder Electoral para que realicen su trabajo, de acuerdo a nuestra legislación. Sus directivos han sido el blanco de la campaña de desprestigio del proceso electoral vía amedrentamiento, pedido de renuncia del presidente del JNE de parte de congresistas allegados al fujimorismo, insultos al titular de la ONPE, e inclusive acusaciones infundadas del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien se atrevió a afirmar que había venezolanos infiltrados en este organismo.

No es casual que el pronunciamiento del Departamento de Estado de EEUU haya tenido lugar el día en que miembros retirados de las Fuerzas Armadas se manifestaran en un espacio público y desafiaran al presidente Francisco Sagasti por haber puesto en consideración del Ministerio Público la carta que estos remitieron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la que les piden desconocer los resultados electorales, en un claro intento golpista.

El daño causado a la imagen de nuestro país es un pasivo en la cuenta de Fuerza Popular y sus aliados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que no puede ser calificada de terrorista, castro chavista, comunista o caviar, ha tenido que emitir un comunicado, en el que expresa preocupación ante las denuncias por actos de hostigamiento contra autoridades electorales y personas que participan en la vida pública en el Perú. Asimismo, por los reportes sobre la difusión de discursos estigmatizantes que alientan a la discriminación por origen étnico-racial, situación socioeconómica, y otras condiciones sociales de las personas, principalmente de indígenas y habitantes de zonas rurales.

En el año del bicentenario, generamos preocupación internacional por el acoso a personas por sus opiniones políticas, que incluye el denominado hostigamiento digital (doxing) que consiste en la divulgación de información personal confidencial con fines intimidatorios o extorsivos. La CIDH ha tenido que hacer un llamado al Estado a brindar las más amplias garantías para que periodistas y medios de comunicación desempeñen su labor. Ello se debe a las diversas denuncias de presión en relación con la línea informativa de la cobertura de las elecciones, lo que en algunos casos habría resultado en renuncias forzadas. Inclusive la prensa extranjera acreditada en el Perú emitió un comunicado en el que denuncian la condena, el acoso y difamación del que son víctimas de manera sistemática varios corresponsales.

La bochornosa situación electoral en el Perú ha recibido también la atención de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, quien ha repudiado “los discursos de odio y la discriminación en todas sus facetas, inaceptables en cualquier sociedad democrática”, en alusión a los calificativos utilizados por el entorno de Fujimori contra Pedro Castillo y sus seguidores en razón de su etnicidad.

A pesar de las alertas del gobierno de EEUU y organismos internacionales, Fuerza Popular continúa en su propósito de instalar un clima de ilegitimidad de las elecciones. Ayer se presentó el recurso de habeas data y el abogado Villa Stein presentó una demanda de acción de amparo para declarar la nulidad de las elecciones de segunda vuelta. Lo más grave tiene lugar en el Congreso donde se aprobó un dictamen exprés de una ley de interpretación de la cuestión de confianza, que podría debilitar la posición de Castillo frente al poder legislativo. Asimismo, continúan con el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de que Fujimori dijo en campaña que debían ser designados por el nuevo Congreso.