Diego García Sayán

Diego García Sayán

Atando cabos
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.

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Basta de incendiar la pradera

“Los líderes políticos empresariales y sociales tienen responsabilidad de hacer frente a estos extremismos y promover la sensatez y el respeto a la Constitución...”.

Dos asuntos fundamentales saltan al primer plano ante la crisis política y la incertidumbre —promovida— que empiezan a apoderarse de buena parte del país. ¿Hasta dónde puede llegar la polarización creciente?, o ¿hasta dónde la quieren hacer llegar los extremistas que la promueven?

El primero, lo urgente e inmediato: terminar lo más pronto posible el proceso electoral. El segundo, los principales pasos en pro de la gobernabilidad para el nuevo gobierno, que asume en poco más de un mes, en este contexto adverso. Respecto del proceso electoral, hay solo una respuesta obvia y contundente: debe resolverse de acuerdo a la ley, en instancia definitiva por el JNE, cuyas resoluciones no son revisables en sede judicial de acuerdo al art. 142 de la Constitución. Exigir que la ley electoral y la Constitución se respeten no es majadería abogadil. Y debe respetarse toda, incluyendo los plazos terminantes para interponer recursos.

Avalar o promover estirar los plazos, contra la ley y “a gusto del marchante”, generaría grave responsabilidad política y penal en la autoridad que convalidase ello. Muy grave, por supuesto, los llamados descarados a la sedición (que se vienen promoviendo) o a alterar el orden constitucional. Asumo que la autoridad del Ministerio Público actuará, como es su obligación.

La otra pregunta tiene que ver con lo que ocurra al “día siguiente” de la proclamación de Pedro Castillo por el JNE. Que la gobernabilidad prevalezca no es un asunto que concierne solo a quienes votaron por Castillo. Compete a toda la sociedad nacional, y hemos visto en el período 2016-2021 cómo una oposición destructiva puede generar gratuitamente cinco años de crisis que perjudican a todos los peruanos. Eso parecería no importar a quienes hoy mismo promueven la interrupción del proceso constitucional o a las hordas extremistas que agreden y amenazan ante un alegado fraude (hasta ahora sin ningún sustento), o la falsa narrativa de la lucha de la “libertad” contra el “comunismo”. Usando la bandera de la “democracia”, están dispuestos a arrasar tanto con ella como con la institucionalidad. Los líderes políticos empresariales y sociales en general tienen responsabilidad de hacer frente a estos extremismos y promover la sensatez y el respeto a la Constitución.

A Castillo le corresponde como presidente virtualmente electo dar los pasos adecuados en ese contexto adverso y con minoría en el Congreso. Gran responsabilidad inmediata que no es ni será “problema de él”, pues el país necesita gobernabilidad. Estos pasos pueden orientarse a convocar y a seguir afirmando que se respetarán los compromisos de respeto constitucional e institucional.

Crucial en lo inmediato enfrentar la crisis sanitaria y económica. Para ello se necesita articular respuestas de urgencia —y emergencia— al menos por un año. Es indispensable la concertación, en particular en el Congreso. Sin ello ni siquiera se lograría aprobar la ley de presupuesto, lo que debe hacerse en setiembre.

Puede sonar iluso proponer concertaciones amplias en este momento de beligerantes hordas callejeras y grupos políticos que promueven la inestabilidad, el odio y el desgobierno. Pero avanzar por encima de la intolerancia extremista es necesario. Y podría dar buenos resultados dado el doble contexto favorable de altos precios del cobre y otros minerales, y una situación fiscal notablemente mejor que la del resto de la región.

Para esto se requiere un gobierno que funcione, así como una oposición inteligente y una sociedad civil que lo dejen funcionar. Pese al contexto adverso, la concertación es crucial y viable, pues estaría en sintonía con los gestos de Castillo en reuniones con sectores diversos y la cautela que está mostrando. Con eso y, acaso, articulando también con las principales bancadas parlamentarias, se podría poner en marcha un programa concreto que realmente pueda tener sus ejes en la salud, la educación y el relanzamiento de la inversión pública.