El equilibrio por construir

De varias maneras la segunda vuelta electoral, que tanta tensión ha introducido entre nosotros, nos está llevando a un proceso de definición de compromisos mínimos institucionales que merece ser observado con cuidado. Más allá de las intenciones electorales que le están abriendo paso, esta oportunidad, correctamente desarrollada, podría representar la antesala a un proceso abierto de observación ciudadana activa sobre el gobierno que se instale en julio de 2021, cualesquiera que sea. Los compromisos incluidos en la Proclama Ciudadana, promovida desde las iglesias católica y evangélica, desde la UNICEF, Transparencia y la Coordinadora de DDHH permiten, si prestamos atención a las cosas, avanzar en esa dirección.

Además esta semana Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, llamó no solo a la ciudadanía sino también a las autoridades constitucionalmente autónomas a observar con cuidado el proceso que se instalará en julio de este año. El llamado involucra al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al Poder Judicial y merece respuestas urgentes. No se trata, por cierto, de causar impacto alguno sobre las preferencias de la ciudadanía sobre uno u otro candidato. Pero sí se trata de ratificar el compromiso de nuestras principales autoridades por el respeto a sus propias competencias y de prevenir todo intento de interferencia que pueda hacer el próximo Ejecutivo o el próximo Congreso.

A partir de julio la Constitución podrá o deberá reformarse o incluso reemplazarse. Pero los puntos que pueden producir esos cambios comprometen el capítulo económico, la bicameralidad y las reglas sobre las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. No involucran la prevalencia de los derechos fundamentales ni la subsistencia del sistema de contrapesos que debe impedir que el poder delegado por las elecciones sea empleado de manera caprichosa, arbitraria o incluso abusiva en contra de la ciudadanía, las mujeres o las minorías.

Lo anticipé ya en una entrega anterior. Más allá de atribuciones formales, que sin duda se tienen, este es el peor momento para recomponer al Tribunal Constitucional. Menos si intentamos hacerlo en base a una lista de candidatos que fue organizada en un momento institucional anterior a este. Ahora urge reforzar las entidades constitucionalmente autónomas; convertirlas en un factor de equilibrio institucional ante la incertidumbre, no aventurarnos a las consecuencias de un reemplazo no madurado reflexivamente.

Pero además hay dos asuntos que en este proceso de fijación de mínimos se nos están quedando en el tintero. Nos falta organizar un compromiso escrito, claro, en que ambos candidatos aseguren la continuidad del calendario de vacunación que ahora se está ejecutando. Falta además un compromiso de ambos con un plan mínimo que resuelva la falta de oxígeno que tantas vidas nos están costando.

No creo que ninguno de estos dos asuntos pueda marcar una diferencia justificada entre la derecha y la izquierda que disputan las elecciones. El gobierno actual, sin duda, recibirá muchas críticas de ambos bandos. Pero vacunar a la población es una meta demasiado urgente para admitir trabas basadas en reparos o diferencias políticas.

La crisis de noviembre 20 y el vacunagate ya nos costaron demasiado como para no entender que debemos impedir a toda costa, colectivamente, que el cambio de gobierno se convierta en un factor de retraso en el cronograma de vacunación o una nueva fisura en el proceso de estabilización de la disponibilidad de oxígeno.

La emergencia sanitaria es más que un asunto de Estado; constituye un mínimo humanitario cuya continuidad debemos garantizar, más allá de cualquiera de las diferencias que ahora nos mantienen en disputa.