Semana parlamentaria

Cuesta creer que, con todo lo que hemos vivido en los últimos cinco años –una vorágine de corrupción e inestabilidad que se intensificó con el cierre del Congreso, la llegada de la pandemia, la vacancia de Martín Vizcarra, la rápida caída del enclenque gobierno de facto de Manuel Merino y la elección de Francisco Sagasti–, nuestra clase política no haya aprendido algunas lecciones elementales y siga repitiendo los mismos comportamientos erráticos, tramposos, antidemocráticos y perversos que nos condujeron al actual momento crítico. Es así, desafortunadamente, como ha vuelto a quedar demostrado esta semana, donde el Congreso ha recuperado para mal el protagonismo perdido por las elecciones generales.

Por una parte, la Comisión de Constitución aprobó una iniciativa que hace que la actual legislatura ordinaria se desdoble, se convierta en dos legislaturas. ¿Con qué propósito? Forzar el cumplimiento del artículo 206 de la Constitución, que regula la reforma constitucional, y tener de golpe dos legislaturas ordinarias consecutivas para, con el voto de las dos terceras partes del Parlamento, aprobar en ambas un conveniente paquete de reformas constitucionales que incluyen la bicameralidad, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza. Es decir, con la idea de anticipar los resultados de esta segunda vuelta, para allanarle el terreno a uno de los candidatos (Keiko Fujimori) y dejárselo minado al otro (Pedro Castillo).

Por si fuera poco, al congresista César Gonzales, de Descentralización Democrática, se le ocurrió aventurar una nueva moción de censura –en la práctica, una vacancia– contra Francisco Sagasti, por un conjunto de razones extravagantes, entre las que se incluye la «frialdad democrática» o «traicionar los sagrados intereses de la nación negando leyes reivindicativas». Es decir, por observar y plantear demandas de inconstitucionalidad contra normas populistas, antitécnicas o francamente disparatadas.

La faena ha concluido con la instalación de una comisión que dedicará los próximos treinta días a investigar los efectos del dióxido de cloro, para lo que citará a representantes del Minsa, científicos, médicos, investigadores, funcionarios. Durante un mes, nuestro Congreso invertirá tiempo y recursos para analizar las propiedades de esta sustancia química –empleada como desinfectante, fumigador y blanqueador–, que un puñado de estafadores quisieron vender como medicina milagrosa y fue claramente descartada por la comunidad científica y médica mundial.

Por semanas como esta es que el Congreso ostenta la crítica casi unánime y los peores índices de aprobación de nuestro Estado, dando la impresión de haberse convertido en una institución fallida, necesitada de una profunda reforma, incluso una refundación.