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Titulación versus planificación

“Titular tierras invadidas ha sido una forma facilista de ganar votos o asegurar lealtades. No es en vano que en las últimas semanas, coincidiendo con el período de elecciones, hemos visto invasiones de gran escala...”.

Por Santiago Dammert (*)

La incapacidad del estado de organizar el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades durante las últimas décadas ha causado que el 93 por ciento del crecimiento urbano de los últimos 20 años se haya dado de manera informal.

Una de las medidas que ha incentivado este tipo de desarrollo es la titulación indiscriminada de predios invadidos, llevada a cabo con mucha fuerza en los años noventa y que hasta el día de hoy es una de las políticas más consistentes del estado en materia territorial.

Si bien contar con un título de propiedad garantiza un nivel de seguridad importante en un proyecto de vida personal o familiar, la titulación por sí sola no es suficiente para generar barrios prósperos.

Una propiedad legalmente saneada resuelve tan solo una parte de la ecuación. La titulación de tierras sin planificación incentiva la invasión constante de tierras eriazas, sin solucionar el problema de fondo (la falta de vivienda asequible). Como resultado, tenemos ciudades donde quienes deciden nuestro futuro son los traficantes de tierra, no los gobiernos.

El rol de los políticos en esta dinámica es crucial: tradicionalmente, titular tierras invadidas ha sido una forma facilista de ganar votos o asegurar lealtades. No es en vano que en las últimas semanas, coincidiendo con el período de elecciones, hemos visto invasiones de gran escala tanto en el Morro Solar (Chorrillos) como en Lomo de Corvina, en Villa El Salvador. Los invasores suelen exigir una rápida formalización de los predios ocupados; esta es una trampa en la que es fácil caer para cualquier candidato en campaña.

Por otro lado, generar suelo de manera informal en la periferia propicia la creación de zonas con baja densidad poblacional cada vez más alejadas de las zonas más céntricas donde están ubicados los puestos de trabajo y servicios. Esto es ineficiente y compromete la capacidad del estado de proveer la infraestructura que todo barrio necesita (agua y desagüe, luz, espacios públicos, transporte, etc.) por el alto costo que implica. De esta forma, se condena a los vecinos más pobres de nuestras ciudades a vivir en zonas precarias donde tienen que esperar años para empezar a ver mejoras sustanciales en el entorno.

El pasado 19 de abril, el Ministerio de Vivienda presentó una nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ante la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, la cual busca hacer frente al crecimiento informal y el resultante déficit habitacional que provoca. Esto solo se podrá lograr a través del fortalecimiento de la planificación desde el sector público y la aplicación de herramientas innovadoras de gestión de suelo que hasta ahora han brillado por su ausencia. De esta forma, aparecen en el panorama mecanismos viables para la generación de vivienda asequible; de llegarse a concretar, ofrecen un camino esperanzador hacia un futuro más equitativo.

Para lograrlo debemos exigir que ambos candidatos a la presidencia demuestren un compromiso sólido con la planificación urbana, y podamos delinear un horizonte más ordenado, eficiente y justo.

En ese sentido, es importante que el siguiente gobierno demuestre voluntad de continuidad con respecto a las políticas de suelo que viene desarrollando el actual gobierno, muchas de las cuales van por buen camino.

Es necesario acabar de una vez con la gestión populista y cortoplacista que viene dando forma a nuestras ciudades, y reemplazarla por una visión sostenible enfocada en objetivos concretos: acabar con el tráfico especulativo de tierras, ordenar los procesos de ocupación del territorio y proveer vivienda digna para toda la ciudadanía.

(*) Arquitecto.