Esterilizaciones forzadas

Ayer fue un día importante para las 1.312 denunciantes en este caso. En el marco de la formalización de la denuncia contra Fujimori y sus exministros Yong Motta, Costa Bauer y Aguinaga, congresista electo por Fuerza Popular, el fiscal Pablo Espinoza expuso los llamados elementos de convicción. Es decir, presentó ante el juzgado los hechos y testimonios que lo llevan a determinar la existencia de delitos contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de lesiones graves contra 1.300 mujeres y lesiones graves seguidas de muerte contra cinco más.

Dio detalles de las modalidades de coacción ejercidas sobre las víctimas. La manera en que muchas de ellas sufrieron agresiones físicas, chantajes, amedrentamiento con presencia de personal policial y militar, así como amenazas de recibir acusaciones de pertenecer a organizaciones terroristas. Los testimonios narran primero persecución por parte de las fuerzas del orden, para luego ser dopadas y despertar con un corte en el cuerpo y sin ninguna explicación de lo que había pasado. El expediente del caso incluye testimonios de personal médico que describe presiones ejercidas desde el Ministerio de Salud para el cumplimiento de metas bajo amenaza de despido.

El programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar (1996) suponía una política de control de la natalidad que, debiera resultar obvio, pero para los operadores del fujimorismo no lo fue, requería de dos elementos esenciales: Información clara y consentimiento. Al no existir ni información ni consentimiento real, dejó de ser una política de salud y pasó a ser la imposición violenta de una política criminal. Hay una característica que no puede pasar desapercibida. No fue una política impuesta a todas las mujeres. Se impuso de manera violenta y no consentida sobre el cuerpo de mujeres pobres, rurales y en su mayoría quechuahablantes. El clasismo y racismo detrás de este crimen de lesa humanidad puede ser visto como eugenesia camuflada (A. Ballón). Este caso es emblemático de la lucha contra la impunidad y por memoria del movimiento de derechos humanos. Es una de las razones por las que miles de personas seguimos diciendo #FujimoriNuncaMás.

Sorprende, como señaló ayer M. Y. Cedano, abogada interconsulta de las demandantes, que el argumento usado por Rafael Rey y otros para excluir del delito a Fujimori y sus exministros, que responsabiliza de estos crímenes a organizaciones feministas, sea repetido por Vladimir Cerrón. Bien hizo ayer el señor Castillo en desligarse de declaraciones de Cerrón. Sin embargo, es necesario que incluya a organizaciones de mujeres y feministas en el diálogo social al que hizo referencia y explique con transparencia qué línea tendría un gobierno suyo en relación con los DD.HH. incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y a los instrumentos nacionales e internacionales que tenemos para defenderlos.