Tras las elecciones: ¿gobierno parlamentario?

La inestabilidad y crisis de nuestras instituciones políticas nos jaquean desde hace rato. Colapsados los partidos políticos y las propuestas programáticas, para algunos “hacer política” se manifiesta en los récords mundiales batidos en presidentes de corta duración o en confrontaciones baladíes. Mientras, la pandemia sigue cegando vidas dejando tragedia y dolor en miles de hogares.

Entramos en estas condiciones al último tramo electoral. Con un altísimo 30%, aproximadamente, de electores indecisos o que no votarían por ninguna de las opciones. Desencanto ciudadano ante el proceso electoral que resulta siendo, así, fiel criatura de un sistema político poco legítimo y desinstitucionalizado. La pandemia ha puesto todo esto en exhibición de manera cruda y transparente.

Dentro de ese panorama incierto, hay algo positivo en esta campaña. A diferencia de previos procesos electorales, esta vez no nos hemos visto avasallados, atacados, invadidos por propaganda millonaria en los medios de comunicación. Resultado rescatable derivado de las reformas sobre legislación electoral en la que se fijó límites a los aportes y a la propaganda en medios. Que, sin ser normas perfectas, han frenado desiguales campañas mediáticas. Aunque, por cierto, millones siguen gastando algunos en propaganda callejera y especialmente en la candidatura del delirante López y su batallón de deslenguados trolls.

Junto a esto positivo está la incertidumbre sobre si no seguiremos desde el 28 de julio en la misma vorágine de inestabilidad e incertidumbre. Hay razones, a primera vista, para preocuparse. Más allá de lo vivido en este último lustro convulso, tenemos la larga historia de lo que siempre pasa cuando un gobierno no tiene mayoría parlamentaria (como probablemente ocurra con el que se elegirá en este proceso): un golpe de Estado.

El siglo XX y lo que va del actual nos muestra que ningún gobierno con mayoría parlamentaria opositora pudo terminar su gestión. Sea por un golpe militar (a Bustamante en 1948, Prado en 1962 y Belaunde en 1968), un autogolpe (Fujimori, 1992) o por declaración congresal de vacancia (PPK y Vizcarra). Ninguno pudo culminar el plazo constitucional que le correspondía.

¿Existe “vacuna” frente a la previsible inestabilidad del gobierno que vendrá? La principal sería, por cierto, la madurez de las organizaciones políticas y de las personas electas; pero eso está por verse en función de cuáles sean los resultados electorales. Sin perjuicio de una mirada optimista sobre quiénes vendrán, se podría apostar por dos desarrollos convergentes.

“No vacaré, no disolveré” es el acuerdo entre quienes entren a segunda vuelta que propone el politólogo Alberto Vergara. A ser impulsado por la sociedad civil. Me gusta la propuesta, aunque con un recuerdo ingrato. Está visto que intereses autoritarios y perversos pueden convertir un acuerdo así en papel mojado. En 1990 desde el “Grupo Puente” alcanzamos a Fujimori y Vargas Llosa, luego de la primera vuelta, un texto con puntos sustantivos que apoyaría cada cual de resultar el otro triunfador. Se logró el compromiso. No habían pasado dos años y Fujimori-Montesinos dieron su golpe de Estado.

Pero, bueno, asumamos que sí se llega a un acuerdo así y que se respetará. Pero eso no sería suficiente para asegurar la gobernabilidad. Con o sin vacancia -o disolución-, el nuevo gobierno debe ser viable y no ser bloqueado por una mayoría parlamentaria opositora que le impida funcionar. La única garantía, acaso, sería que una mayoría parlamentaria esté y se sienta representada en el gobierno.

Condiciones, pues, inevitables para una especie de “gobierno parlamentario”, conversado con algunos de los sectores representados en el Congreso que pudieran ser más afines y que tendrían, por cierto, presencia en el gabinete. Pero para que un gobierno así no sea fuente de gastos populistas o repartijas, poner como requisito previo el compromiso solemne de un manejo responsable del presupuesto nacional. Que para que no quede en un saludo a la bandera tendría que referirse al formal y solemne acuerdo de cumplir plenamente con todas las disposiciones de la importante –y a veces ignorada- ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Eso pondría frenos a las tentaciones de despilfarro y de gastos demagógicos.