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No criminalizar el periodismo

Se cierran definitivamente los procesos judiciales por difamación agravada contra Edmundo Cruz y Oscar Castilla.

La criminalización judicial de periodistas constituye una amenaza constante a la libertad de información. Hemos visto que quienes buscan escapar de la justicia apelan a la distracción querellando a los hombres y mujeres de prensa que los investigan.

Tenemos el caso de una organización ultraconservadora de la Iglesia católica que abre procesos a quienes investigan su actuación en casos puntuales vinculados a ataques sexuales contra menores de edad y al uso de prácticas que violan los derechos y libertades de menores a su cargo.

Es el caso también de las querellas por difamación entabladas por Miguel Arévalo, llamado Eteco por la DEA y la policía antidrogas, contra los periodistas Edmundo Cruz y Oscar Castilla, por haber revelado en sus respectivos medios que era investigado por narcotráfico.

El Poder Judicial acaba de dar por consentida la sentencia absolutoria dictada en octubre del 2019, con lo que queda archivado definitivamente el caso contra ambos periodistas.

Cabe recordar que Miguel Arévalo, investigado por lavado de activos provenientes del narcotráfico según la DEA y la policía antidrogas, logró abrir querellas por el mismo hecho en cuatro tribunales diferentes, planteando sentencias sumarias y pago de millonarias reparaciones.

Este hecho fue considerado por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, como una muestra de censura en el Perú y el caso fue incorporado en el libro Censurados: historias que no pudieron callar, en el que abordaron 12 casos ocurridos en países iberoamericanos.

Más de 70 periodistas de investigación peruanos suscribieron hace poco un comunicado en el que alertan sobre el agravamiento de esta modalidad de criminalización judicial de la libertad de información. Refieren que existe una tendencia a nivel global, que se expresa en Perú, y que busca criminalizar al periodismo, para ocultar sus propios delitos.

Estos grupos tienen su origen en diversas variantes del crimen organizado. También hay grupos de poder económico y hasta organizaciones religiosas fundamentalistas. Todos ellos buscan silenciar la labor del periodismo porque les es incómodo. Para ello recurren a campañas de demolición, sobre todo en redes sociales, y a penalizar mediante procesos judiciales a quienes los investigan.

El periodismo no busca una posición de privilegio que lo salvaguarde de la acción de la justicia. Solo demanda que la justicia sea igual para todos y no sirva como arma contra la libertad de información. En tiempos tan insólitos y con tanta desinformación y fake news lanzándose en forma sistemática, se hace indispensable un periodismo independiente y de calidad, que preserve el derecho de informar y ser informados.