Expresión de extrañeza

Estoy entre quienes desconfían de las iniciativas de control político de este Congreso. Salvo excepciones, no encuentro en su conformación visiones claras sobre lo público ni esfuerzos de representación que vayan más allá de pescar cámaras y ganar respaldos clientelistas. En los últimos años, atrapados en la ecuación fujimorismo/antifujimorismo, descuidamos al extremo la manera en que la política se vaciaba de contenido. Hoy parece reducida a un ejercicio plano de captura de posiciones de influencia que terminan subordinadas a intercambios desvinculados de metas institucionales. Entonces desconfío, porque el control político desarrollado en estas condiciones se convierte en algo sospechoso.

Sin embargo, la escena abierta por el caso de las fiscales Castro y Sánchez ha puesto en evidencia más de un problema institucional. Y por una vez el Congreso ha tomado una decisión que no puede desdeñarse de buenas a primeras.

Al margen de las usuales voces altisonantes que se escucharon en el pleno, el jueves 4 el Congreso expresó su extrañeza y malestar por la forma en que se ha conducido la crisis derivada del caso de ambas fiscales. No se ha lanzado a la enorme desproporción que representaría convertir este evento en una cuestión sobre suspensiones o inhabilitaciones. Este es un asunto de responsabilidades políticas, pero no alcanza para eso. De hecho la expresión de extrañeza fue provocada por la inasistencia de la fiscal de la Nación a la Comisión de Justicia, que la citó hasta dos veces para escuchar su versión sobre el escándalo. La moción es una reacción al desplante. Pero fuera del lenguaje de los gestos, el desplante ha ido de la mano de un silencio inexplicable frente a una crisis que se despliega en más de una dirección. Nombrar los reemplazos, algo que logró hacerse más de una semana después del destape, no es lo único que hacía falta. Situaciones como esta solo se superan con un plan claro diseñado para poner las cosas en orden. Ese plan aún hoy brilla por su ausencia. Y su lugar lo ocupa una narrativa que se limita a repetir lo evidente: Que congresistas como Merino o Alarcón ganan si la fiscal de la Nación pierde. Eso ya lo sabemos. Precisamente por eso era tan mala idea generar las condiciones que dan ocasión para algo semejante a una derrota, aunque sea transitoria.

La cuestión puesta sobre la mesa compromete la forma de gobierno y el liderazgo del Ministerio Público. Hasta hace muy poco las fiscalías estuvieron enfrascadas en defenderse a sí mismas en medio de las disputas que provocó el caso del fiscal Chávarry. La fiscal de la Nación ganó legitimidad en esa pelea. Pero hoy el señor Chávarry esta fuera de la entidad. A partir de su salida, los tiempos en el Ministerio Público deberían comenzar a cambiar. Los factores que pueden aumentar o reducir la legitimidad de quien está a cargo ya no pueden depender solo de la defensa de la institución. Ahora deben definirse en atención a ideas claras sobre la gobernanza de las fiscalías y la obtención de resultados medibles en áreas tan complejas como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la defensa del ambiente y la protección a mujeres víctimas de violencia, por citar algunas. Se trata también de tener capacidad para contener a tiempo crisis internas como la que se desató hace unos meses por la cuestión sobre las competencias para investigar a Vizcarra. Y se trata de prevenir y evitar que se produzcan reyertas innecesarias como la que ha dibujado el marco que dio origen a la salida de las fiscales Castro y Sánchez.

Esta crisis ha puesto en evidencia vacíos que es urgente comenzar a resolver. Cambiar la línea del discurso, pero además ajustar la concepción desde la que se están gobernando las fiscalías resulta impostergable.