El hombro de los privados
El papel de las empresas en la vacunación no tiene que definirse a partir de la ideología, sino en la eficacia.
Durante por lo menos dos días, tanto en las redes sociales como en la escena mediática, se ha generado un debate tenso, inútilmente áspero, sobre si las empresas privadas pueden comprar vacunas y luego aplicarlas a sus trabajadores o venderlas. Ha corrido tinta y furia, acaso con el propósito de crear un enfrentamiento, no un consenso.
El martes 2 la tormenta se disipó tras la reunión del presidente Francisco Sagasti con la presidenta de la Confiep, María Isabel León. Entonces quedó claro algo que era preciso desde el comienzo: no está prohibido que el sector privado importe vacunas y las venda, según la Ley 31031 aprobada en diciembre del 2020.
El artículo 4 de dicha norma dispone que sí es posible “la adquisición, distribución y disponibilidad de medicamentos y vacunas del coronavirus SARS-CoV-2 en el ámbito privado”, siempre que no se ponga sobreprecios. Pero si esto ocurriera estaría sujeto al orden de prioridades establecido por el Estado, como es en todos los países.
El otro ingrediente es que las vacunas, que son un bien esencial, no abundan. No existe una oferta pública que haga fácil el acceso a ellas, sino una lucha a veces encarnizada por conseguirlas, debido a las urgencias propias de la pandemia. De modo que los límites para que pasen al mercado convencional los pone la propia realidad.
Tan cierto es esto que la propia León ha anunciado que, de momento, el sector privado no comprará vacunas, porque el Gobierno ya cerró la adquisición de 48 millones de dosis.
La única explicación de que esta controversia haya durado tanto es la desinformación, o el velado interés por promover un chirriante conflicto ideológico.
Por supuesto que los privados pueden participar en la tarea de vacunar, y es fundamental. Ya lo han hecho con el oxígeno, o con el traslado del primer lote de vacunas al Perú. Ahora tanto el sector empresarial como el Ejecutivo han puesto sobre la mesa la posibilidad de que colaboren con personal de vacunación o en la logística.
Podrían incluso colaborar ocupándose de algún sector que esté en prioridad para vacunarse, como los bomberos. El Estado tiene que seguir liderando y ordenando la aplicación de vacunas, y todos esos aportes son bienvenidos. Agilizarían el proceso. La resultante de una alianza en esa lógica serían la eficacia y la equidad, no el ánimo de lucro.
