La espada de Damocles electoral

Cuando restan seis semanas para los comicios del 11 de abril, que serán vividos en medio de la tensión pandémica, otra preocupación –menos dramática, pero también importante– flota sobre la población: no se sabe con certeza quiénes serán, finalmente, los candidatos en carrera. No se tiene claro quiénes estarán en la baraja de presidenciables.

Sobre la cabeza de George Forsyth, el ahora dudoso puntero en las encuestas de intención de voto, pende la amenaza de exclusión dictaminada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. Lo mismo pasa con Rafael López Aliaga, el candidato de Renovación Popular, quien suele agitar el cotarro político con sus declaraciones tremebundas.

En el primer caso, es porque el exalcalde de La Victoria omitió datos de sus rentas en su hoja de vida que presentó al inscribirse como candidato. En el caso de López Aliaga porque, en su actuación por la vía de las redes sociales, anunció que de llegar a la presidencia “no cobraría ni un sol de sueldo” y todo lo donaría a “organizaciones caritativas”.

Esto último fue interpretado por el JEE como una promesa de campaña que consiste en ofrecer dádivas a los electores, algo que, como la omisión de datos, es causal de exclusión según la Ley de Partidos Políticos del 2015 (la parte que incluye a las dádivas fue incluida en el 2016, mediante otra ley). Es decir, legalmente todo parece tener sustento.

Lo preocupante es que estas idas y venidas (Forsyth ya apeló al Jurado Nacional de Elecciones y el JEE se ha vuelto a pronunciar) se produzcan cuando el tiempo avanza sin piedad en medio de un proceso electoral insólito. La situación de ambos debe definirse antes del 12 de marzo, pero incluso hasta un día antes de los comicios puede haber sorpresas.

Según el artículo 33 de la Constitución, una persona pierde el ejercicio de su ciudadanía si recibe una sentencia privativa de la libertad, o es inhabilitada en sus derechos políticos. Esto podría pasar con algún candidato, y en ese caso como en los anteriores el afectado podría llevar su caso al Tribunal Constitucional y hasta a instancias internacionales.

José Tello, especialista en derecho electoral, ya ha advertido lo problemático que es esta indefinición latente. Sin duda, la garita electoral tiene que ser rigurosa con los candidatos. Pero esto podría definirse meses antes, no cuando la “noticia bomba” de una exclusión altera las coordenadas políticas inesperadamente y revuelve todo el proceso.

A estas alturas el JNE debe dejar de modificar las opciones presidenciales para permitir que los ciudadanos se informen, mediten y voten adecuadamente.