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La vacuna es un bien público

Mateo Prochazka, en entrevista con La República, fija posición en la comercialización de vacunas por parte del sector privado.

La vacuna es un bien escaso, y en algunos países, tan escaso, que se han programado las campañas de vacunación hasta fines del 2021 e incluso parte del 2022. Cada día que pasa sin vacunas, la crisis sanitaria adquiere un tono más dramático, por las carencias de médicos, camas y oxígeno.

¿Esta afirmación es suficiente para señalar que debemos darle paso a la compra de vacunas por parte de los privados? No, de ningún modo. ¿Cuál es la razón de fondo para plantear que los privados no deben comprar directamente vacunas? Además de que por el momento los laboratorios solo comercializan con los gobiernos porque la provisión aún es escasa y necesitamos mantener principios de equidad.

Entendemos que los principios de equidad son los que nos garantizan que la atención a los más vulnerables se priorice y que no sean las leyes del mercado las que establezcan su propia agenda, que básicamente podría definir quiénes son los más productivos, o proponer otro tipo de escalas, basadas en criterios que no son de la salud pública.

Mateo Prochazka, en entrevista con La República, propone claramente que las vacunas “deben ser un bien público”, y con ello fija una posición en torno a la participación de los privados en la comercialización de las vacunas. El titular de Salud tuvo que salir rápidamente a rectificar su punto de vista en relación a las vacunas privadas y negar cualquier posibilidad de que algo así ocurra.

En el Congreso de la República también existen iniciativas que buscan que el Estado entregue la vacunación al sector privado. Ceder la responsabilidad sobre el rumbo de la salud pública, en medio de la segunda ola de la pandemia, nos haría aún más vulnerables. No podemos ni imaginar cómo, en un país en el que con dificultades podemos interrelacionarnos con los gobiernos regionales o locales, vamos a controlar la demanda de vacunas y garantizar que no se presenten graves injusticias o desigualdad para el acceso.

Basta recordar el incidente del vacunagate para imaginarse un escenario similar, ya no con tres mil vacunas, sino con millones de ellas sujetas a la oferta y demanda.