Sanción social

Es pronto para calcular las consecuencias del escándalo bautizado como «vacunagate». La decisión de un grupo de personas de imponer sus privilegios y obtener una vacunación irregular en medio de la catástrofe humanitaria y económica que vivimos por la pandemia tiene de delito, de infracción administrativa y de falta ética, y deja una indignante sensación de traición.

El caso es especialmente grave porque dinamita la mínima confianza que los ciudadanos debemos tener en nuestras autoridades. El comportamiento de gentes como Martín Vizcarra o Pilar Mazzetti ha quebrado algo en el alma de nuestro país que es difícil de recomponer. Hemos visto cómo, en la hora más dolorosa, quienes debían tomar las decisiones y proteger a la población se burlaron de los peruanos.

Por el camino ha quedado malherida la credibilidad de instituciones como la presidencia, el Ministerio de Salud, la Cancillería, universidades como la Cayetano Heredia y San Marcos, del gobierno chino e incluso de la Iglesia Católica. Todas fundamentales para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus.

Más fáciles de contabilizar son los efectos prácticos. Tenemos, para comenzar, las investigaciones fiscales contra Elizabeth Astete y Mazzetti por delitos que podrían suponerles ocho años de prisión. El personal implicado de Cancillería y del Ministerio de Salud ha sido separado. El rector y varias autoridades de la Universidad Cayetano Heredia presentaron sus renuncias y Germán Málaga, investigador principal y núcleo del ensayo de Sinopharm, también fue despedido.

A esto hay que sumar los efectos políticos, como una posible inhabilitación a Martín Vizcarra para ocupar cargos públicos hasta por diez años. Esto podría retirarlo de una carrera electoral en la que, como sea, su candidatura al Congreso ha quedado gravemente dañada por la revelación de su vacunación, así como por la seguidilla de mentiras flagrantes con que intentó encubrirla.

¿Son suficientes sanciones para estas personas y para las que, según dijo Fernando Carbone, presidente de la comisión investigadora del caso, conoceremos en breve? Mi sensación es que no, que este tipo de crisis no solo se resuelve penal, política y administrativamente. Que están muy bien estos castigos (que ojalá sean severos y aleccionadores), pero un caso tan grave no puede tener solo una salida punitiva, debe venir acompañada por una drástica sanción social.

Quizá lo más triste de este episodio sea comprobar que los dramáticos procesos de lucha contra la corrupción que ha vivido el Perú no han conseguido llegar al fondo de las cosas. Que, como en tiempos de Vladimiro Montesinos u Odebrecht, a nuestro país volvió a faltarle un justo que fuera capaz de decir «no».