Desestabilización paso a paso
No es aceptable que se esté poniendo en riesgo la gobernabilidad del país en tiempos de pandemia y elecciones.
A pocas semanas de las elecciones generales y en medio de una ola de pandemia alcanzando rápidamente los picos más altos, cualquier acto de desestabilización de nuestra precaria institucionalidad podría parecer una idea descabellada.
Pues no lo es, estamos en medio de otro temblor grado 8 que amenaza llevarse de encuentro a la ministra Mazzetti, al expresidente Vizcarra. Y que alcance la onda expansiva a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y también al presidente Sagasti.
No hay duda de que el acto central de esta nueva seguidilla de imputaciones del Congreso tiene a Vizcarra como actor principal. Tendrá que investigarse a fondo esta vacunación del expresidente, cómo, cuándo y dónde se hizo, si hay uso o abuso de la banda presidencial para garantizarse un prototipo o una vacuna, etc. Hasta ahí, bien.
Pero que sea una excusa para lograr otros objetivos políticos que pongan en riesgo la gobernabilidad, la conducción de la pandemia o el cronograma del proceso electoral es el suicidio político de una nación que poco a poco estaba recuperándose de la violencia en las calles, desatada por el golpismo y la reacción de la Generación del Bicentenario, en noviembre pasado.
La ministra Mazzetti ha sido totalmente clara al respecto. Dijo que no tuvo conocimiento y que le parecería mal si se hubiera hecho del modo en que se especula en los medios. Otros exministros han señalado algo parecido y son consistentes en dos temas: no fue de conocimiento del Consejo de Ministros y fue una decisión personal del expresidente.
Los otros protagonistas de la historia, es decir el doctor Málaga y la enfermera Castillo, tendrán que establecer exactamente su participación y brindar detalles de todos los ángulos de la historia ocurrida en octubre.
A partir de este hecho que debe ser más investigado, algunos parlamentarios están tratando de obtener la relación de personas que fueron vacunadas como voluntarias en el programa de Sinopharm y la Universidad Cayetano Heredia, acción totalmente prohibida por la protección de datos que establece este programa. Demás está decir que podría incluso arriesgarse la relación comercial que mantenemos con el laboratorio chino que nos proveerá de 38 millones de vacunas en los siguientes meses.
En perspectiva, tenemos plenarios, denuncias constitucionales, acusación contra ministros, sanciones contra la Mesa Directiva y un largo etcétera. Los vientos de noviembre vuelven a soplar contra nuestra débil institucionalidad y esta vez podrían llevarnos al descalabro.
